Vergonzoso dictamen de una fiscal que no considera válida unas grabaciones

El juez Enrique Pedicone había denunciado por tráfico de influencias al vocal de la Corte Daniel Leiva y había grabado la conversación con el pedido para “manejar la intensidad” de la causa contra Ricardo Bussi.

En una maniobra vergonzosa típica del Poder Judicial de Tucumán, la fiscal Mariana Rivadeneira intentó eliminar la prueba más contundente que involucraba a uno de los vocales de la Corte Suprema de la provincia en una causa por tráfico de influencias, coación y violación de los deberes de funcionario público.

De esta manera, la fiscal Rivadeneira dio un poco de oxígeno al vocal de la Corte Daniel Leiva, un hombre que llego al máximo tribunal provincial por el apoyo del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo.

El Juez Enrique Pedicone había denunciado el 1 de septiembre a Leiva y había presentado como pruebas unas grabaciones que Pedicone hizo públicas donde constaba que Leiva le pedía manejar la intensidad de la denuncia contra el legislador Ricardo Bussi, según su cercanía o lejanía con el oficialismo local. Bussi fue denunciado por una ex colaboradora por abuso sexual e irregularidades con cuentas bancarias.

Según la denuncia de Pedicone, se reunió con Leiva en un bar del centro tucumano y grabó la conversación. En ese encuentro, Leiva le pidió por la causa Bussi.

La fiscal Rivadeneira consideró que se había vulnerado los derechos humanos del vocal de la Corte. “En el caso que nos ocupa, estimo que el accionar del denunciante evidencia patentes vulneraciones al debido proceso legal y a la privacidad e intimidad, como así también al principio de la no autoincriminación del denunciado que constituyen verdaderas de lesiones índole constitucional”, dijo, según reprodujo el diario La Gaceta.

Lo curioso es que la fiscal Rivadeneira deja de lado propia jurisprudencia de la Justicia Tucumana. El año pasado condenaron a un ex funcionario de la Municipalidad de Las Talitas y se utilizaron como pruebas unas grabaciones similares. “Se están metiendo en más problemas”, resumió una fuente que conoce muy bien los pasillos de tribunales.

En la misma resolución, la fiscala avaló el acta manuscrita labrada por el secretario Fernando Valladares que también había presentado Pedicone. Según su criterio, el instrumento en sí goza de validez, aunque su contenido puede ser discutido. Ocurre que el funcionario judicial se desmintió a sí mismo en una declaración voluntaria que hizo ante Rivadeneira: dijo que escribió que había oído por el altavoz a Leiva mientras citaba a Pedicone a una reunión y luego lo que aquel le comentó por “temor reverencial” a su superior, el juez denunciante.

Anteriormente, Rivadeneira también había dictaminado que la causa se tramitara de manera escrita y cerrada según el viejo Código Procesal Penal, cuando el 1 de septiembre –el día que Pedicone radicó la denuncia contra Leiva- comenzaba a regir el nuevo Código, que establece la oralidad de las audiencias, cosa que le da más transparencia al proceso. Ese mismo criterio fue adoptado por el juez Francisco Pisa, un magistrado que siempre falló según los antojos del poder tucumano.

Ante estos reveses judiciales, Pedicone –a través de sus abogados Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig– pidió un Per Sáltum y sea la Corte la que resuelva el fondo de la cuestión. En este caso, el fiscal Alejandro Noguera, que reemplaza al licenciado Edmundo Jiménez, opinó en contra del salto de instancia “porque los planteos carecían de interés constitucional, de gravedad institucional y de urgencia”.

Noguera fue fiscal del caso Lebbos, un femicidio aberrante que involucró a los hijos del poder y gracias a su nulo accionar en ese expediente, logró varios ascensos en el Poder Judicial de la provincia.

Otra vez, la Justicia le da la espalda a la gente e inclina la balanza hacia los poderosos, que, en este caso, involucraba a un vocal de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

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