El Fiscal Eduardo Taiano aportó un escrito en la investigación del mal uso de vacunas, durante la pandemia del Covid-19. Diputados y periodista K, están involucrados.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
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BUENOS AIRES.- El Fiscal Federal Eduardo Taiano y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, pidieron la declaración indagatoria del ex ministro de Salud Ginés González García en la causa conocida como el “Vacunatorio VIP”. Uno de los escándalos más grandes en la gestión del Presidente Alberto Fernández y el Frente de Todos, ocurrido en plena pandemia de Coronavirus.
En un escrito de 100 páginas, dirigido a la Jueza María Eugenia Capuchetti, pidieron que también indaguen a Alberto Alejandro Maceira, María Elena Borda, Marcelo Ariel Guille y Alejandro Salvador Costa.
En el texto Taiano y Rodríguez adjuntaron una lista con los nombres de todas las personas que se beneficiaron con la vacuna contra el coronavirus en la primera etapa de la pandemia.
Pidieron que los funcionarios sean indagados por tres episodios concretos:
1 – El primero ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando el Ministerio de Salud ordenó retirar diez vacunas asignadas para el Hospital Posadas “para la inoculación de 10 (diez) personas, que no se encontraban habilitadas para recibir su dosis”.
Entre las personas vacunadas ese día se encontraba el periodista kirchnerista Horacio Verbitsky, quien días después contó en una entrevista radial que había sido vacunado y estalló el escándalo.
2 – El segundo hecho, fue el retiro de cinco vacunas asignadas al Ministerio de Salud para “su traslado al domicilio particular de Eduardo Alberto Duhalde con fecha 1 de febrero de 2021 para su inoculación, la de su familia y la de Carlos Alberto Mao, quienes no se encontraban habilitados para recibir su dosis”.
3 – El tercer hecho “comprende la orden de aplicar de forma irregular al menos 35 (treinta y cinco) vacunas” para vacunar a 23 personas entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021 en el Hospital Posadas. Los fiscales afirman que esas personas fueron “elegidas discrecionalmente y por motivos particulares”.