Una sociedad más pobre y más primitiva, pero más igualitaria

Por Sergio Capozzi
PARA EL FEDERAL NOTICIAS

“La necesidad de una sociedad más pobre y más primitiva, pero más igualitaria”, es una frase que se atribuye al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Se la ubica en la contratapa de un libro que en realidad… no existe.

Fue compartida decenas de miles de veces en Facebook, Twitter, Instagram y es imposible saber cuántas veces se reprodujo a través de WhatsApp. Incluso se cita el nombre del libro, “Contengo multitudes: confesiones de un hombre bueno” y   en él aparecerían fotos de Dylan, Fabiola Yañez y de Gustavo Santaolalla.

El origen de todo fue de contenido humorístico, y se conoció por primera vez en el programa “Odisea Argentina”, emitido el 27 de abril a través de la señal La Nación +. El punto es que los chistes no son espontáneos; siempre -detrás de ellos- hay una situación real que los motiva.

Estamos atravesando el quinto mes del aislamiento social preventivo y obligatorio. Ciento cincuenta días durante los cuales han desaparecido más de cuatrocientos mil puestos de trabajo formales (en medio de la prohibición de los despidos), y vaya a saber cuántos empleos informales ya no existen más. Durante este tiempo también se ha suspendido la movilidad de los haberes jubilatorios,. Y a causa de esta medida, monotributistas y cuentapropistas no pueden desempeñar sus oficios.

Llevamos cinco meses con abogados sin representar a sus clientes porque la Justicia en la Argentina no es tarea esencial. Pese la “retracción” de precios al 6 de marzo, congelamiento de tarifas y con las familias encerradas en su casa, la inflación ha superado en este período el 12%. Desapareció el dólar “libre” para volver a los más de cinco tipos pre 2015. El “blue” a $ 132, mientras que los productores agropecuarios reciben $45 por cada dólar que venden pero que no pueden tocar. El chiste se está transformando en realidad. La sociedad es más pobre; ni hablar en la franja etaria de los jóvenes, cuyo porcentaje de pobreza superará el 65%.

Para revertir esta situación dramática que ha ocasionado la pandemia, lo primero que hace cualquier país desarrollado es apoyar a las pequeñas y medianas empresas, liberándolos de cargas previsionales e impositivas, fomentando el consumo y la producción, facilitando el primer empleo, evitando las quiebras y concursos. Para esto es necesaria la presencia y guía del banco Central y el Nación.
En esta etapa de crisis casi terminal, esas dos instituciones están preocupadas pero por otro tema: distribuir entre su personal un manual para el uso del idioma inclusivo. De paso, acabamos de escuchar un discurso de un muy joven funcionario que hablar de “pibis”, ¿esto será una segunda oleada del idioma inclusivo?

Una de las grandes contradicciones del gobierno es no ver lo que la gente necesita y ni siquiera dar señales de solidaridad. Mientras esa es la actitud que le pide a la población, el ex juez de la Corte Suprema Dr. Zaffaroni cobra en mano y libre de impuestos $ 838.000, el convicto ex vicepresidente Boudou, condenado por defraudación al Estado, recibe casi $ 20.000.000 por un beneficio jubilatorio retroactivo y $ 400.000 por mes. Los funcionarios nacionales no han visto reducidos su ingresos, mientras que a los más necesitados se les entrega esporádicamente $ 10.000 y a los jubilados se les niega el 20% de aumento prometido en campaña.

En tiempos de la caída del Muro y la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el pueblo finés cayó en pánico; el principal consumidor de sus productos había desaparecido. Quién los contuvo y marcó el camino fue su Primera Ministra, les dijo “nos queda lo más importante, nuestras mentes”. Así, en menos de una década estaban en el podio de los países con mejor educación, y sus empresas tecnológicas comenzaban a ser líderes mundiales.

En Argentina, la ya bastardeada educación está en el subsuelo. La desigualdad en el acceso a la conectividad está provocando que los niños y adolescentes de familias de clase media alta pueden continuar su educación en medio de la nueva normalidad, mientras que el resto ya tiró la toalla. Sus padres no pueden afrontar el pago de los servicios de internet y sólo se pueden conectar a través de teléfonos celulares, el modo más costoso.

Ya que hablamos de tecnología y aplicaciones, Mercado Libre es la empresa más valiosas de Argentina y está entre las tecnológicas más importantes del mundo. En lugar de protegerla, el mejor dirigente sindical del país (según calificación del señor Presidente) y su familia, se encargan de hostigarla a tal punto que su CEO se fue del país.

Pero eso no es todo. El año pasado, en una más que lógica y aplaudida medida, el gobierno anterior dispuso beneficios para las actividades vinculadas con la creación, diseño, desarrollo, producción e implementación y puesta a punto de sistemas de software. Esto ahora se ha suspendido. Justo “el área del futuro”, la generadora de divisas más poderosa que sólo requiere de los cerebros argentinos, no recibe beneficios. Lo mismo ocurre con la industria de tecnología espacial. Cuando veamos que empresas argentinas que desarrollan satélites comiencen a hacerlo en Uruguay o Chile, nos quedará sólo la nostalgia.

¿Cuál es la respuesta a esta falta de empleo calificado? ¿Cómo hacer para no caer más en el concierto de las naciones? Parece que el señor Juan Grabois y varios sindicalistas la tienen. Ellos proponen un Plan Marshal nacional. Aseguran que con una inversión inicial anual de 750 mil millones de pesos crearán 4 millones de puestos de trabajo social, es decir casi la mitad del actual trabajo registrado. Los recursos para tan loable iniciativa serían a través de la creación de nuevos impuestos que se convertirían en un  fondo solidario obligatorio. Un delirio total. Hoy, el argentino común destina cerca del 60% de sus ingresos para pagar impuestos, los ciento sesenta y ocho (sí, 168) que, un ciudadano paga aún sin darse cuenta. El 80% de la población se encuentra endeudada. ¿De dónde saldrían esas sumas extras para colaborar con el fondo solidario?

Si esta parte del proyecto parece insólita, hay todavía más. Como contraprestación, los trabajadores deberán realizar tareas sesenta horas al mes en la industria de la construcción. Una verdadera burla para aquellos que desempeñan desde hace años oficios que dignifican. Albañiles, plomeros, electricistas, maestros mayores de obra. ¿Qué capacitación se les brindará? Estarán condenados al estancamiento. Curioso que se destruya un principio del peronismo, la movilidad social. Cuánto tiempo ha pasado desde el sueño de m’hijo el dotor”.  Aunque no es de extrañar, por estos días el partido Justicialista está recibiendo instrucción desde el partido Comunista Chino, experto en trabajo esclavo.

La iniciativa de Grabois y su grupo no es la única en este sentido. En la Cámara de Diputados están dando vueltas dos proyectos de la legisladora Claudia Bemazza, del Frente de Todos, que lleva el aval de otros quince diputados. Están vinculados con el trabajo comunitario, que crearía el Instituto de Organizaciones Comunitarias. A través del mismo se le reconocerían a los trabajadores, hasta ahora voluntarios (entre otros los de los comedores comunitarios) los mismos derechos que a cualquier trabajador, garantizándoles una suma mensual no menor al salario mínimo y, mediante una declaración jurada de la organización comunitaria o del trabajador, se realizarían aportes retroactivos a la Seguridad Social. Para tomar un solo ejemplo, en el caso de la Tupac Amaru, creada en el año 1991 y con unos 60.000 adherentes, el Estado Nacional debería aportar a la Seguridad Social unos treinta y dos mil millones de pesos. Multipliquemos esta suma por los centenares de organizaciones diseminados por el territorio nacional. Ni hablemos del conflicto que se crearía con cooperativas y organizaciones no gubernamentales que están brindando servicios de este tipo a través de municipalidades. Primer pregunta, ¿cómo se evitará el fraude?. Hoy las moratorias previsionales están suspendidas. Quien tiene más de sesenta y cinco años de edad y le falta un año de aportes, no se puede jubilar. Aquí tiene la solución: sólo necesita alguien que sostenga que lo vio trabajar desde hace treinta años en un comedor comunitario y su retiro estará asegurado.          

La frase “La necesidad de una sociedad más pobre y más primitiva, pero más igualitaria”, no la dijo Alberto Fernández, pero bien le cabría.

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