Un abogado de PAMI y un operador de Radio Nacional acusados de estafa

Dos abogados, (uno de ellos empleado en el PAMI), y un operador de Radio Nacional están acusados de estafa contra una mujer en la ciudad de Santa Rosa. Le prestaron un monto de dinero y luego de algunas maniobras le demandaron por una suma casi diez veces superior.

La causa involucra a dos empleados de organismos nacionales en La Pampa y a un abogado del medio. Una mujer denunció que le prestaron 40.000 pesos en un estudio y después de un par de maniobras que se investigan, la demandaron por $ 374.000.

La víctima es María Claudia Bracaglia y se presentó como querellante junto al abogado José Mario Aguerrido quien señaló que la mujer firmó «un pagaré en blanco y que está comprobado por pericias de la Agencia de Investigación Científica».

Durante la audiencia el fiscal Máximo Paulucci hizo la acusación preliminar de una investigación caratulada como usura. Los acusados son los abogados José Miguel Ochoteco y Alberto Santiago Giuliano, empleado y abogado de PAMI. El otro imputado es Marcelo Martín Méndez, operador de LRA3 Radio Nacional Santa Rosa y organizador de eventos. La denuncia se radicó el junio del año pasado, cuando la mujer relató que durante la Semana Santa de 2019 concurrió al estudio del abogado Ochoteco, en la calle Mitre, porque necesitaba dinero.

Aguerrido señaló que «es toda una maniobra de varias personas que cada una cumplía un rol, porque según los términos de la denuncia la mujer, va a pedir un préstamo a un estudio jurídico porque le indican que ahí puede pedir préstamo y le hacen firmar una serie de papeles».

Aguerrido agregó que a la mujer «no le dieron ninguna copia del contrato y dice que tampoco le dejaron mirar, ni leer nada. Después se descubre que eso estaba firmado en blanco, ese documento después lo ejecuta otra persona que es Giuliano y se termina comprobando o el termina diciendo de que hay una supuesta cesión de Méndez a Giuliano, Méndez sería el acreedor de esa mujer y le cedería el crédito a Giuliano».

Con la presentación del recibo de sueldo, ese mismo día la mujer recibió $40.000 y firmó un contrato de mutuo para devolver el monto en 12 cuotas de $18.000, es decir, $216.000.

La denunciante no pudo cumplir los pagos y el abogado Ochoteco hizo contacto con «inversor más barato». La mujer entregó $30.000 más para saldar la deuda anterior y firmó un nuevo mutuo, donde Ochoteco no le dio todos los detalles ni tampoco le entregó copia. En el documento la comprometían a pagar doce cuotas de 22 mil pesos y seis cheques de 7 mil. Es decir, un total de $306.000.

Ante el incumplimiento, aparecen en escena los otros imputados en la causa. El abogado Giuliano reclama un contrato de mutuo con Méndez, le embargaron el sueldo e iniciaron una ejecución de un inmueble a nombre de la mujer. En enero de 2020 demandaron a la denunciante por $374.000 por un pagaré firmado el 1 de octubre de 2019. La mujer admitió que ella firmó con Ochoteco pero no conoce a las otras dos personas. En su declaración, la mujer contó que estaba bajo tratamiento siquiátrico y que el abogado se habría aprovechado de esa situación para hacerle firmar los papeles.

La Fiscalía pidió una pericia que comprobó que la firma estampada en el pagaré es de la mujer, pero que el resto de lo incluido en el documento fue agregado en forma posterior a esa firma. Además, la Fiscalía posee más pruebas en la causa como grabaciones de las líneas telefónicas de los abogados, que fueron intervenidas por orden judicial.

Este miércoles el juez de Control, Néstor Daniel Ralli, encabezó la audiencia de formalización. Eventualmente el juez decidió hacer una audiencia presencial por la complejidad de la causa y se formalizó a los dos abogados. Falta formalizar a Méndez. Según el Código Penal, la maniobra con un documento firmado en blanco (defraudación especial) puede recibir la pena para sus autores de entre un mes a seis años.

Durante la audiencia, el juez dispuso una media de restricción de acercamiento y todo tipo de contacto de los acusados respecto a la denunciante y su abogado patrocinante. Lo dispuesto obedeció a que en algunos audios los acusados hablaron de «hacerlo cagar», aunque en referencia al primer abogado que la asesoró.

Como medida cautelar, se bloquearon fondos y el embargo de un inmueble dispuesto en el juicio ejecutivo que con el documento —supuestamente— falso están tramitando en un juzgado civil. Esto con el propósito de que no retiren dinero  del embargo del sueldo y que no se remate el inmueble de la mujer. Se ordenó la apertura de teléfonos y otros dispositivos secuestrados durante los allanamientos realizados en el inicio de la investigación.

Alberto Santiago Giuliano primero fue citado como testigo. Pero con el avance del expediente quedó bajo sospecha. Inclusive la policía lo requisó en un operativo en la delegación local de PAMI, donde trabaja, a pedido de la fiscalía. En el estudio de Ochoteco, en la calle Mitre, se realizó un allanamiento para recolectar pruebas.

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