Trapaglia dijo que «la única medida que se les ocurre es meterle nuevamente la mano al campo»

La diputada María Laura Trapaglia, expresó su rechazo a la medida del gobierno nacional de suspender de manera temporal, la registración de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de harina y aceite de soja, dos de los principales subproductos de exportación.

Trapaglia manifestó que «la medida se conoció a través de una orden de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura que conduce Julián Domínguez y según trascendió, la decisión se tomó para subir las retenciones en ambos subproductos, que tributan un 31%, al 33% al igual que paga el grano de soja».

La diputada resaltó que «el complejo sojero constituye la principal cadena exportadora de nuestro país. Del total producido, un 87% se destina a molienda (para la elaboración de aceite, harina y biodiesel) y un 13% se exporta directamente, a pesar de eso desde el oficialismo siempre se habla hasta el cansancio de “reactivación productiva”, pero nunca logran explicar cómo esa idea es compatible con el aumento sostenido de impuestos a quienes producen y trabajan».

«La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina informó en marzo del año 2021 que la participación de los impuestos sobre la renta agrícola es de 62,6%, calculado sobre un promedio de los principales cultivos. Para el caso específico de la soja ese porcentaje es mayor, ya que llega al 66,9%. Vale aclarar que el mayor impacto de dicha presión impositiva es generado por los impuestos nacionales que no son coparticipables (derechos de exportación y el impuesto a los créditos y débitos bancarios)».

«Según datos del INDEC, el complejo sojero totalizó ventas al exterior por US$14.865 millones, representando de este modo el 27,1% del total de exportaciones del país. Cada 100 pesos que se exporta, al productor le llega nada más que $30. Si se aumenta la carga impositiva sobre los derechos de exportación, quien más sale beneficiado es el Estado».

«En un contexto en que el Gobierno de Alberto Fernández ya cerró el acuerdo técnico con el FMI y necesitará recursos fiscales para poder cumplir la meta de reducción del déficit consensuada con el organismo internacional, la única medida que se les ocurre es meterle nuevamente la mano al campo y no bajar el gasto público. Siendo justificación del ministro de Economía Martín Guzmán, que la agroindustria tiene que pagar la cuenta del gas importado» finalizó

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