Según un informe, un joven argentino equivale a un Plan Social

El Ministerio de Desarrollo Productivo nacional delineó un panorama poco alentador con datos que ubican a los jóvenes de entre 18 y 24 años como dependientes de un programa social como el IFE.



Casi el 30% de la población del país se inscribió para la cobertura, mitad del grupo etáreo entre 18 y 24 años cobró tal asignación.

De un total de 8.857.063 beneficiarios de este ingreso extraordinario, 4.934.657 fueron mujeres y 3.922.406 varones de entre 18 y 65 años.

El 20% de la población del país accedió a la prestación, aunque 4.500.000 fueron rechazados quedando sin cobertura alguna. Entre ellos quienes tienen algún tipo de emprendimiento o actividad que le generaba un ingreso con anterioridad a la pandemia quedó fuera por no reunir los requisitos.

La fotografía es alarmante porque deja en evidencia que un amplio sector de la población argentina, se encuentra en la informalidad laboral y la mitad de ellos son jóvenes sin estudios o capacitación que indique una inserción económica por fuera de un plan social.

Los datos son producto de los propios indicadores del Anses, que es el organismo que encabeza el trámite para la distribución del Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000, que se encuentra en su tercer etapa.

El organismo indica que “al analizar la penetración del IFE en las distintas provincias se observa una marcada focalización en aquellas que presentan los indicadores sociales que reflejan una mayor situación de vulnerabilidad”.

Se desprenden datos tales como: Santiago del Estero prácticamente la mitad de la población de entre 18 y 65 años cobró las dos cuotas del IFE. En Chaco y Formosa alrededor del 45% y Corrientes y Salta superaron por poco el 40%. Por el contrario, en Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires el IFE correspondió a cerca del 20% de los habitantes con edad para cobrarlo.

El dato más llamativo es que según la edad, la cobertura entre 18 y 24 años es del 52%. Más de la mitad de los beneficiarios necesita el IFE para cubrir sus necesidades, sin poder acceder a un empleo formal como indicador de una problemática estructural que agrava los aspectos sociales, sanitarios y económicos.

Si bien el país ha incorporado, por ejemplo, modificaciones al sistema educativo para que la Educación Secundaria sea de carácter obligatorio y gratuito, es evidente que no termina siendo una política pública que posibilite apropiarse de capacidades que ayuden a la inserción laboral o la continuidad de estudios terciarios, universitarios u oficios de los jóvenes.

La realidad laboral, de la base poblacional que se requiere para un proyecto de desarrollo de país, se sostiene por un plan.

La OIT ha presnetado un Informe desde el observatorio “Covid-19 y el mundo del trabajo” que entre otras consideraciones indica: “La crisis de la Covid-19 está afectando a los jóvenes con mayor gravedad y rapidez que a cualquier otro grupo. Si no tomamos medidas inmediatas y significativas para mejorar su situación, el legado del virus podría acompañarnos durante décadas.

“Si su talento y energía son marginados por falta de oportunidades o de competencias, esto ocasionará un daño al futuro de todos nosotros y hará que sea mucho más difícil reconstruir una mejor economía post-Covid”.

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