Luego de la reunión de ayer a la tarde en la Quinta de Olivos, de la que participaron el presidente Alberto Fernández con el CEO de la compañía, Sergio Nardelli, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, el ministro de la producción, Matías Kulfas, las charlas continuaron hoy en la sede de YPF, comandada por Guillermo Nielsen. La propuesta de Alberto Fernández es estatizar la empresa y que sea gerenciada por YPF AGRO, la división agrícola de la empresa de hidrocarburos.
Si las negociaciones no llegan a buen puerto, el gobierno avanzará con el proyecto de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, muy ligada a la vicepresidenta Cristina Kirchner, de expropiar la compañía.
“Los ex directivos de Vicentín hicieron un planteo muy preliminar que no llega a ser una propuesta”, señalaro miembros del Gobierno. Los voceros aseguraron que hoy Nardelli presentó un plan similar al que le había planteado a Alberto Fernández anoche en Olivos. «El Presidente ya lo consideró inaceptable», dijeron en la Casa Rosada.
Vicentín ayer le propuso a Fernández que la empresa quedara en manos de una sociedad entre YPF y ACA, vinculada a Coninagro. El Gobierno desestima esa alternativa porque argumenta que la continuidad del proceso de quiebra en la justicia civil y comercial, a cargo del juez Fabián Lorenzini, puede derivar en la adquisición de un consorcio extranjero que integra la lista de acreedores.
A pesar del inicio del diálogo, esta mañana el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Basterra, anticipó: “El Presidente fue muy claro: hoy no hay otra alternativa más que la expropiación”. “Si se encuentra otro instrumento, de mejor aplicación y a menor costo, bienvenido sea”, agregó. Luego, el propio Alberto Fernández cerró el tema al decir que “no hay otra alternativa” a la expropiación y clausuró otros caminos para el rescate de la empresa.
“Se dejó la puerta abierta para seguir conversando, pero mientras tanto la intervención ya comenzó a gestionar la empresa”, indicaron a LA NACION fuentes oficiales.
El interventor designado por el gobierno, Delgado, tiene previsto realizar un análisis contable y financiero de la empresa.
El interés del oficialismo es exponer públicamente el estado financiero de la compañía y cuáles fueron las operaciones que realizaron en los últimos cuatro años, durante el gobierno de Mauricio Macri.
Ayer, de hecho, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser tenida como querellante en la causa penal que investiga el préstamo que el Banco Nación le otorgó a Vicentín durante la gestión anterior. El organismo antilavado aportó información y pidió que se investigue si existió una maniobra de lavado de activos y cesación de pagos fraudulenta.
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