RÍO GALLEGOS – Ambientalistas reclaman derogar una ley provincial que prohíbe la protección de la naturaleza.
Santa Cruz es una de las provincias con menor superficie protegida del país, menos del 8%, y la legislatura provincial designó en la última década el 70% de la superficie de la provincia de interés especial para actividades mineras.
Quienes apelan a la modificación de la normativa indican que Santa Cruz sufrió la degradación del 34% de sus hectáreas productivas en los últimos 16 años de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario; y el INTA estimó que el 77% del suelo se encuentra en estado de desertificación grave o muy grave.
Cerca de 40 organizaciones dirigieron una carta abierta a la gobernadora Alicia Kirchner, al director del Consejo Agrario Provincial, Javier de Urquiza, al secretario de Ambiente de Santa Cruz, Mariano Bertinat, al Presidente de la Nación, Alberto Fernández y al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié para poner en evidencia una situación bastante polémica e inédita.
Santa Cruz tiene el primer gobierno en la historia que prohíbe el cuidado de la naturaleza sentando un peligroso antecedente nacional e internacional ya que «los únicos beneficiarios reales de la Ley 3.692 son los capitales extranjeros que pagan grandes sumas a pocos terratenientes para desarrollar actividades extractivistas, obsoletas y cortoplacistas», expresan entre sus párrafos.
A lo que agregan: «Esta prohibición no sólo afecta al ambiente sino a la misma producción, a la que vez que evade y profundiza el problema de fondo. Santa Cruz tiene 24.4 millones de hectáreas, de las cuales terratenientes poseen 13.1 millones y sólo 1.8 millones se encuentran protegidas.
Las áreas protegidas proveen servicios ambientales como la captura de carbono, la polinización, el mantenimiento de la calidad y cantidad de agua, la protección del suelo, la flora y la fauna que favorecen al sector productivo y el bienestar humano. Esta rivalidad binaria naturaleza-producción es una mentira discursiva impuesta mediáticamente».
Por lo tanto exigen se derogue la ley sobre todo en el marco de una crisis climática, ecológica y sanitaria a nivel global sin precedentes y alertan sobre los alcances si se replica en otras latitudes.
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