¿Precios cuidados para comunicaciones móviles?

Los precios cuidados o para Todos ahora alcanza a la telefonía y la medida que aún se trata de entender genera dudas en el sector que presta servicios de este tipo.

El Gobierno nacional anunció la entrada en vigencia desde el 1 de enero de la Prestación Básica Universal Obligatoria (PBU) para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, conexión fija a Internet y televisión por suscripción, destinado a unos diez millones de personas de bajos ingresos.

Los posibles usuarios del servicio son:

1) Beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, como así también sus hijos-as/tenencia de entre DIECISÉIS (16) y DIECIOCHO (18) años, y miembros de su grupo familiar (padre/madre, cónyuge/conviviente).

2) Beneficiarios y beneficiarias de Pensiones no Contributivas 

3) Usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social 

4) Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles

5) Trabajadores y trabajadoras monotributistas

6) Usuarios y usuarias que perciban seguro de desempleo 

7) Usuarios y usuarias incorporados e incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N° 26.844)

8) Usuarios y usuarias que perciban una beca del programa Progresar.

9) Personas que se encuentren desocupadas o se desempeñen en la economía informal, como así también sus hijos-as/tenencia de entre DIECISÉIS (16) y DIECIOCHO (18) años.

10) Beneficiarias y beneficiarios de programas sociales, como así también sus hijos-as/tenencia de entre DIECISÉIS (16) y DIECIOCHO (18) años.

11) Clubes de Barrio y de Pueblo que se encuentren registrados conforme lo dispuesto por la Ley N° 27.098.

12) Asociaciones de Bomberos Voluntarios definidas por la Ley N° 25.054 como entes de primer grado y que se encuentren registrados en los términos de dicha Ley.

13) Entidades de Bien Público definidas por la Ley N° 27.218 como: asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal que llevan adelante programas de promoción y protección de derechos o desarrollan actividades de ayuda social directa sin cobrar a los destinatarios por los servicios que prestan, debiendo estar inscriptas ante el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC).

En la mayoría de los casos los límites están dados por los ingresos que perciban y alcanza también a los hijos menores de 18 años.

Los prestadores y pymes del sector lanzaron críticas sobre la medida al considerar que hace poco sustentable al negocio y pone en riesgo de continuidad a empresas del interior. Además pone en discusión la calidad del servicio en manos del Estado en un área tan sensible para la comunicación de todo el país.

La implementación de la prestación básica es el interrogante central de lo que viene. En el sector aseguran no saber qué esquema operativo tendrá, cómo se compensarán los subsidios y, mucho menos, quién los pagará. Las empresas reconocen que hubo conversaciones previas con las autoridades, pero nunca se validó la oferta final ni les mostraron lo que se iba a presentar. –

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