«Rechazamos enfáticamente las campañas de difamación pública y presiones contra periodistas profesionales desatadas en las últimas semanas desde algunos sectores del poder político, incluyendo a quienes tienen funciones de la más alta responsabilidad institucional”, indica el comunicado entre sus párrafos.
Firmada por referentes de la comunicación como María Laura Santillán, Magdalena Ruíz Guiñazú, Marcelo Longobardi y Luis Majul entre otros, indicaron que “la pluralidad de ideas y voces y la tolerancia con el que piensa distinto son claves de la democracia que reconquistamos en 1983”.
El documento se suma a expresiones vertidas por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Academia Nacional de Periodismo (ANP) donde enuncian que la «estigmatización y el escrache» son prácticas que enrarecen la posibilidad de expresarse con libertad.
Dicho comunicado surge a partir de declaraciones de la Vice-Presidente Cristina Fernández y el actual Senador Oscar Parrilli, quienes acusaron a varios periodistas de ser cómplices de una asociación ilícita que espió ilegalmente a la Ex Presidente.
El periodismo ha tenido días álgidos entre la causa de «supuesto» espionaje en la gestión de Mauricio Macri y el impacto del crimen del fin de semana, que involucró al Ex Secretario privado del matrimonio presidencial Kirchner.
En definitiva deja en evidencia que al poder político de turno, se le dificulta dar explicaciones un poco más acabadas que simples titulares, a los que se le suman «aprietes» o «escraches» como escape a la responsabilidad que poseen frente a la información pública.
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