Perdónalos Francisco Moreno, no saben lo que hacen

Por Sergio Capozzi*.

Para El Federal Noticias

En el año 1876, el presidente Nicolás Avellaneda le encomendó al perito Francisco P. Moreno que iniciara el relevamiento cartográfico y topográfico de la Patagonia. El objetivo era tener certeza sobre los límites con Chile. Sus conocimientos y aportes fueron fundamentales para que, veinte años más tarde, miles de kilómetros cuadrados fueran confirmados por la comisión de árbitros como pertenecientes a la República Argentina. Moreno había contribuido en dar un paso fundamental: la ratificación de la Soberanía Argentina sobre este lado de la cordillera.

Entre algunas de las  perlitas de su actuación se encuentran el relevamiento del río y lago al los  que denominó “Argentino”; el descubrimiento del lago San Martín; el Viedma; los cerros Chaltén y Fitz Roy y el imponente lago Nahuel Huapi. En sus viajes era habitual que se encontrara con indígenas, con los cuales trabó amistad, a tal punto fue así que comenzó a redactar un diccionario en idioma tehuelche.

Falta describir un elemento no menor para terminar de pintar el perfil de Francisco Moreno: cuando llegó el momento de fijar sus honorarios por sus primeras expediciones, como contraprestación, solicitó que los objetos, fósiles y vasijas recolectados fueran incorporados al museo de Ciencias Naturales. Por su actuación como representante argentino ante la comisión para la fijación de límites, comisión presidida por la reina de Inglaterra, el gobierno nacional le ofreció tierras linderas al lago Nahuel Huapi. Moreno aceptó la propuesta pero con una condición, esas tierras serían destinadas a la creación del primer parque nacional que, a la postre, se convertiría en el segundo parque naturalista del mundo.

Paralelamente, en el año 1884, se sancionaba la denominada Ley Hogar, a través de la cual se alentaba la inmigración, especialmente en la Patagonia, siguiendo los consejos de Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento. Gracias a ella, se instalaron en la antigua Colonia Pastoril Nahuel Huapi decenas de inmigrantes suizos que dieron origen a la Colonia Suiza y fueron parte fundamental en la fundación de San Carlos de Bariloche, años 1897 y 1902 respectivamente.

Los suizos no estaban solos, además de los pioneros de origen europeo, también se encontraban tehuelches y araucanos  (llamados desde el siglo XIX mapuches, denominación creada por un escritor francés).  Tuvieron que transcurrir más de treinta años hasta que el gobierno nacional cumpliera su compromiso. En 1934 se creó el Parque Nacional Nahuel Huapi. Su misión: preservar el ambiente, fomentar el turismo y ratificar la soberanía nacional.

Muchos de los pobladores originarios, aquellos asentados en inmediaciones de Colonia Suiza, recibieron sus títulos y escrituras, con las cuales se les reconocía su derecho de propiedad. Otros (por problemas burocráticos) no recibieron esos instrumentos, razón por la cual, ciento veinte años más tarde, se mantienen en el limbo jurídico. Hay un tercer grupo, el llamado “fiscalero”, integrado por pequeños productores que desde hace más de un siglo ocupan tierras fiscales, las cuales no pueden adquirir (ni siquiera por prescripción) porque la ley lo impide. Estos también están en un limbo.

Las tierras linderas al lago Nahuel Huapi que no fueron entregadas a particulares, fueron cedidas al Ministerio de Defensa y éste, a su vez las afectó al Ejército Argentino, siempre con una condición: mantener el medio ambiente. Sólo quedaban exceptuadas (relativamente) las superficies urbanas.

En estos últimos cuatro años y particularmente en estos meses, ha tomado trascendencia la ocupación que una pseudo comunidad mapuche lleva adelante en inmediaciones de Villa Mascardi, distante treinta y cinco kilómetros de Bariloche. En ese lugar se vienen sucediendo hechos de violencia; el más grave fue la muerte del joven Rafael Nahuel, vecino de un barrio barilochense que, en noviembre de 2017,  se encontraba acompañando a los ocupantes.

Ese grupo, autodenominado Lafken Winkul Mapu, tiene su origen en el barrio Virgen Misionera, donde una familia mapuche decidió que jóvenes de la misma se trasladaran hasta la Villa Mascardi. Allí se encuentran viviendas, cabañas destinadas al turismo, una estación de servicios del A.C.A., un complejo de edificios que alguna vez pertenecieron a Gas del Estado, y otro a Parques Nacionales donde, hace unos cuatro años, se comenzaron a realizar reformas para instalar la escuela de Guarda Parques. Todas estas propiedades, inmuebles y otras muebles, como maquinaria y vehículos, fueron vandalizadas. El proyecto de Parques  Nacionales debió ser abandonado.

Durante el último verano quienes concurrían a las playas del lago se veían conminados a retirarse del lugar por personas que, con sus rostros cubiertos, decían pertenecer a la comunidad indígena.  Del mismo modo, sigue siendo habitual el corte de la ruta nacional nro. 40.

En estos días, la violencia ha recrudecido. Un cuidador fue amenazado de muerte mientras robaban aberturas y mampostería y prendían fuego a una cabaña. El agredido realizó la correspondiente denuncia y como consecuencia la justicia dispuso el traslado al lugar de dos fiscales y su respectivo personal. No pudieron cumplir su trabajo.  Fueron recibieron con agresiones de todo tipo, al punto que tuvieron que retirarse para evitar males mayores. 

¿Cuál y dónde se encuentra el origen del conflicto?

Vayamos a nuestra Constitución, nos encontramos con el artículo 8, donde se afirma que los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes a título de ciudadano, es decir: somos todos iguales, desde el primero hasta el último habitante del pueblo más chico y remoto del país. El  artículo 10 dice que el interior de la República es libre de derechos la circulación. En el 14 se sostiene que podemos transitar, salir, entrar, disponer de su propiedad y profesar libremente su culto.  Estos derechos y garantías se extienden a los extranjeros que habiten nuestra tierra y es más, a ellos no se les puede cobrar contribuciones extraordinarias. Y el Preámbulo, ese que recitaba el presidente Alfonsín, al inicio de esta etapa democrática: estos derechos y garantías son para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Si todo esto no bastó para entender la base los derechos, citamos el artículo 75 cuando se refiere a las atribuciones del Congreso y en su inciso 17 señala que una de sus atribuciones es  Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.

Con estos antecedentes, llegamos a una conclusión, respaldada por la adhesión al convenio de Nueva York del año 1967 que se refiere a la eliminación de toda forma de discriminación racial, todos somos iguales ante la ley y aquel que considere que esas leyes y en consecuencia esos jueces no los representan porque proviene de otra etnia, estarán cometiendo delito. No importan los orígenes étnicos o religiosos, a todos nos alcanza las mismas normas. Otro tema es el respeto por libertad de culto y racial, es por ello que muchas localidades del país, incluyendo Bariloche, se han declarado municipios biculturales.

En el año 2006 se dictó la ley 26.160, por la cual se declara la emergencia de las tierras que tradicionalmente ocupan comunidades indígenas. Esta ley fue prorrogada varias veces, va a tener –mínimo- diecisiete años de vigencia y el asunto estará sin resolver. En este lapso se han dictado más de 190 normas complementarias. Durante los primeros tres años contados a partir de la vigencia de esta ley, es decir 2009, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas debería haber realizado el relevamiento técnico —jurídico— catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y tenía que promover las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales. La Provincia de Río Negro adhirió  a aquella ley mediante la propia que lleva el número 4753 del año 2012. En cuanto al relevamiento de las comunidades, la Lafken Winkul Mapu, jamás fue reconocida, ni se inició trámite alguno. Otra norma provincial, la ley 2287, reconoce la existencia del Consejo Asesor Indígena y crea el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas.

Esta última ley dispuso la adjudicación en propiedad de la tierra cuya actual posesión (al momento de la promulgación) detentan los pobladores y/o comunidades existentes. A su vez, en el artículo 11 se dispone que en el caso de usurpaciones, vicios de posesión y/o adquisición se debe dar intervención a la Fiscalía de Estado para que promueva las acciones legales y/o administrativas que correspondan.

En Poder Ejecutivo Nacional cuenta con el Instituto Nacional Indígena, cuyo principal objetivo, según reza su página web oficial, es “asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los integrantes de los pueblos indígenas, garantizando el cumplimiento de los derechos consagrados constitucionalmente (Art.75,Inc.17). El INAI presta atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país para asegurar su defensa y desarrollo, su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. Implementa programas que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes, tal como lo establece el Decreto 410/2006 que reglamenta su estructura organizativa”.

En catorce años no se ha dado cumplimiento al relevamiento de las comunidades, Río Negro está entre las provincias más rezagadas.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha desarrollado un programa que se llama Mediación Comunitaria, entre sus temas se ocupa de problemas como el que se suscita en inmediaciones del Lago Mascardi.

En el mes de agosto se produjo otro incidente grave: el incendio de cabañas y la persecución de residentes. Un matrimonio se vio obligado a abandonar su vivienda y, la mujer tuvo que ser trasladada desde Mascardi hasta el hospital de Bariloche, porque se había descompensado. Vecinos auto convocados decidieron realizar pacíficas movilizaciones, munidos solamente con banderas argentinas. La reacción de la señora Ministra de Seguridad Sabina Frederic fue realizar una denuncia ante la Justicia Federal, acusando a los organizadores de las marchas de instigación, apología del delito y asociación ilícita. La Fiscal interviniente rechazó in límite la denuncia y poco menos que envió a la ministra a estudiar derecho. Concluyó en que su escrito sólo se vertían un cúmulo de vaguedades.

Un par de semanas más tarde, el número dos del INAI, señor Luis Pilquiman, fue interceptado por la policía en inmediaciones de Bariloche, a las veintidós horas de un domingo, trasladando a una familia mapuche desde la localidad de Jacobacci hasta la Villa Mascardi, evidentemente para sumar a esa gente a la toma. No llevaba los documentos del auto ni la póliza del seguro. Alegó en su defensa que iba a comprar alimentos (domingo, casi media noche y en medio del aislamiento social obligatorio, tampoco explicó por qué viajaban seis personas).

Cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, ocurrió lo impensado.

El domingo 4 de octubre, una patrulla de la Escuela Militar de Montaña  se encontraba realizado ejercicios rutinarios en inmediaciones de la ruta 89, cerca del barrio Villa Los Coihues. Para su sorpresa, en tierras pertenecientes al Ejército Argentino, observaron que se habían  levantado varias construcciones. Ejerciendo su derecho, procedieron al desmantelamiento de estas construcciones precarias  e ilegales. La mañana siguiente presentaron una denuncia ante el Juzgado Federal, acción en la cual fueron acompañados por autoridades de Parques Nacionales.

Esa misma mañana del lunes, en el Juzgado Federal se recibió una llamada, algunos dicen que desde el Instituto Nacional  de Asuntos Indígenas, otros sostienen que fue desde el Ministerio de Seguridad. En la misma le pidieron al Juez que suspendiera cualquier procedimiento.

La líder de los ocupantes de este nuevo asentamiento, una integrante de la comunidad Millalonco Ranquehue, se presentó junto a un asesor letrado para indicar que se trataba de territorio comunitario. “Hay territorios en el que las comunidades no viven pero los usan de manera tradicional”, y  agregó que, habían proyectado una huerta comunitaria intercultural, junto a otros ocupas de la villa Los Coihues.

La realidad de los hechos es que la intención de esa comunidad es unir la zona recientemente ocupada con la ladera del cerro Otto, distante a más de ocho kilómetros. Desde la comunidad Millalonco Ranquehue sostienen que el INAI les había cedido 700 hectáreas pertenecientes a la Nación Argentina. Habrían cedido, de la noche a la mañana, parte del territorio nacional, ese mismo que el perito Francisco Moreno nos entregó, en el que tal vez, sea el acto de filantropía más grande de nuestra historia. Lo que olvidan desde el gobierno nacional es que esa donación fue con una condición, la conservación del bosque autóctono,  el cuidado del medio ambiente y el disfrute de toda la población y visitantes.

¿Alguien hizo un estudio ambiental? ¿alguien controla qué y cuánto se va a sembrar? La tala de árboles es incontrolable. Reclaman 700 hectáreas valuadas en setenta millones de dólares para construir una quinta comunitaria? Quise pasar esta suma a pesos pero la calculadora tiró “error”.

Desde hace años la actual gobernadora, Arabela Carreras, impulsa un proyecto: crear el Parque Central Bariloche, miles de hectáreas destinadas al cuidado de los bosques autóctonos y para el libre uso del lugar. Estos territorios que se habrían cedido en un  acto de demagogia, se encuentra en medio de ese soñado Parque Central.

Aquí no hay reivindicación de posesión real y ancestral. Es más, una parte de los ocupantes reconocen  no tener raíces mapuches, con lo cual la intervención del INAI sería improcedente y, aunque si quisiera intervenir, previamente tendría que agotar una instancia administrativa, citar a quienes aleguen derechos y al pueblo todo, en defensa de los intereses difusos.

Los eternos olvidados siguen siendo los pobladores originarios, pioneros europeos que tuvieron hijos que juraron fidelidad a la bandera argentina, hicieron el servicio militar y defendieron la frontera (su opinión fue decisiva cuando se resolvió el Laudo Arbitral) y a los cuales no se les reconoce la propiedad de sus parcelas. Es evidente que el gobierno tiene dos varas.

Hace pocos días, el señor presidente, en un discurso ante las Naciones Unidas reivindicó los derechos de la Argentina sobre las islas Malvinas; ahora, entrega tierras a comunidades que, parte de sus integrantes, desconocen al Estado Nacional, queman banderas argentinas y atacan a sus habitantes. El señor Presidente y sus ministros están humillando al Ejército Argentino, al mismo ejército que él dijo había que revalorizar.

Quisiera pedirle al perito Francisco P. Moreno que los perdone, que no saben lo que hacen. El punto es que yo creo que sí saben lo que hacen y cuando el huevo de la serpiente se rompa, será demasiado tarde, como ocurrió en Chile.

*Sergio Capozzi: Abogado, docente universitario, posee una maestría en Historia Política Contemporánea, consejero del Comité Olímpico Argentino, Árbitro Institucional.

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