¿Otra reforma constitucional? No por favor

Por Ariel Barbero (abogado).

El profesor de derecho constitucional Roberto Gargarella impulsa una reforma de la Constitución. Desde su columna en el diario La Nación afirma que el sistema representativo diseñado por ella está en crisis. En una nota reciente denunció que es “Un sistema institucional para la impunidad” (diario del 3/7/2020).

Creo que proponer una reforma de la Constitución es en el mejor de los casos una distracción inútil que deja fuera de foco a los verdaderos problemas. En el peor de los casos, da un barniz académico a los intentos del partido gobernante.

Gargarella nos dice que esa crisis es “irreversible” y proclama “el fin de la vieja promesa de la representación”. Opina que bajo este sistema anacrónico, las élites gobiernan en su propio beneficio sin hacerse responsables. Las elecciones no son una solución a este problema porque se llevan a cabo cada varios años y ofrecen “opciones extorsivas” al votante. Como remedio Gargarella convoca a reformar la parte orgánica de la Constitución, es decir, la parte que establece las instituciones, sus facultades y sus límites.

Una primera distorsión de la propuesta es sostener que la misma impunidad que se observa en Argentina se da también en los países que tienen sistemas similares al nuestro. Eso no es cierto, nosotros tenemos una Constitución y un sistema representativo que no difiere demasiado del de otros países que no tienen ni por asomo los niveles de corrupción que ha padecido Argentina en años recientes. Tampoco la hubo con esta misma Constitución (antes de la reforma del 94), en gobiernos como el de Illia o Alfonsín. Evidentemente el problema está en otro lado.

Hablamos de niveles comparables de corrupción e impunidad pues es evidente que siempre es posible encontrar excepciones y malos ejemplos aún en los países mejor gobernados.

¿Asambleas ciudadanas contra la impunidad?

Una viejo error que se repite en la propuesta es el de contraponer al pueblo con la élite gobernante, sin papel ni mención a partidos e ideas políticas. En el mismo rótulo de élite gobernante quedan Menem y Carrió, Macri y Cristina, Jaime y Dietrich. Pero es evidente que las ideas importan y que no es posible ignorar que no son las mismas en la supuesta élite. Tampoco en el pueblo.

Desencantado de las instituciones, Gargarella ha ofrecido diversas justificaciones para la protesta social en las calles (La Nación 20/1/2017) y propuesto asambleas de ciudadanos (La Nación 25/7/2019) que son precisamente instrumentos que pasan por encima de los partidos y del sistema de representación. Ahora bien, una cosa es discutir aborto o Brexit. La impunidad y la corrupción en cambio no son posturas políticas a debatir. Se necesitan investigaciones, evidencia, cruzar datos con agencias de otros países, tareas que parece difícil encargar a una asamblea ciudadana.

En Argentina hubo un momento, no tan lejano, en el que sí hubo asambleas que clamaban contra la corrupción bajo el lema “que se vayan todos”. La revuelta de 2001 contra la política terminó extrañamente dando el poder a un político veterano que había perdido la elección previa, Eduardo Duhalde.

La identidad y la representación

Gargarella ofrece una explicación de por qué opina que la representación política está en crisis irreversible. Afirma que cuando nuestra Constitución y otras similares fueron escritas, nuestras sociedades eran “básicamente homogéneas” y entonces todos podían ser representados a través del voto. Hoy en cambio, dice Gargarella, “las sociedades multiculturales y ultraheterogéneas de la actualidad (en las que la propia identidad de cada uno es múltiple, ya que ninguno es “solo” “obrero”, “mujer”, “empresario” o “ecologista”), el sueño de la ‘representación plena’ perdió base y sentido”.

Me pregunto si es verdad que las diferencias culturales y sociales eran menores a mediados del siglo XIX. Quizá la explicación del profesor Gargarella es un reflejo local de la ideología identitaria, en boga en la izquierda universitaria norteamericana. A diferencia de los socialistas clásicos que se contentaban con la lucha entre proletarios y capitalistas, esta teoría pone el acento en

los múltiples conflictos de identidades de género y raza.
Sin embargo, no es cierto que la representación política de nuestra Constitución se haya vuelto

obsoleta porque ahora la gente es más distinta una de otra. En todo caso, será obsoleta para los que crean que las diferencias biológicas y económicas importan más que las ideas.

¿Derechos económicos inmunes a la economía?

No sabemos el motivo por el cual el gobierno quiere “tocar” algunas de las reglas que regulan el poder y si esa intención se limita a lo judicial. Gargarella en cambio ha explicado por qué cree necesaria la reforma.

Además de recomendarla como terapia alternativa contra la corrupción, señala que es necesario rehacer la parte institucional de la Constitución para que los derechos económicos y sociales (salud, educación, vivienda, etc.) sean efectivos. Con debates en asambleas, plebiscitos, e iniciativas legislativas ciudadanas se podría obligar a las élites gobernantes a convertir en realidad esos derechos.

Desde su columna, Gargarella nos señala que hay “Derechos incondicionales que están por encima de los planes económicos” (La Nación del 12/2/2018). Escribe “Les guste o no, los economistas deben aprender que, en un sentido fuerte, los derechos no dependen de los planes económicos, sino a la inversa”.

Se supone entonces que a través del reclamo por vías de participación ciudadana alternativas se podría reclamar vivienda, salud, etc. con independencia del mal o buen plan económico. O, como lo proclama el presidente Alberto Fernández, de la ausencia de un plan económico.

Desgraciadamente, los plebiscitos no crean recursos. Además, la práctica actual no está tan alejada del método que pone en segundo lugar al esquema económico: primero adjudicamos viviendas sociales y luego vemos si tenemos los materiales, primero inauguramos hospitales y luego vemos si hay recursos para equiparlos, primero damos empleo en el Estado y luego vemos cómo hacer para pagar los sueldos.

Es una peligrosa ilusión creer que la protesta social, las asambleas ciudadanas, o alguna ingeniosa cláusula constitucional podrían hacer que el Estado provea vivienda, salud, y trabajo, como derechos incondicionales, inmunes a una economía en bancarrota. Esa vacuna no existe.