Las violaciones a la libertad de expresión y la detención de líderes políticos persisten en Venezuela, aseguró la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, aunque también valoró avances en la cooperación entre su oficina y las autoridades de ese país.
En su informe actualizado sobre la situación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, la expresidenta chilena denunció asimismo los arrestos de periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaron por los servicios públicos.
La población venezolana «sigue padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos o las persistentes carencias de los servicios públicos», afirmó la funcionaria.
Por otro lado, reconoció que el trabajo de la oficina de ACNUDH en Venezuela se ha facilitado desde el acuerdo firmado en septiembre de 2019, lo que se materializó en recientes visitas a los estados de Zulia, Bolívar y Lara, así como a once centros penitenciarios.
En ese sentido, expresó «la disminución de los niveles de violencia en los centros de detención administrados por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, aunque persisten retos en el acceso a alimentos, salud, agua y saneamiento».
“Me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de detención”, expresó la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU.
También, destacó que la crisis en Venezuela se ha exacerbado con el incremento de las «sanciones sectoriales» en el marco de la pandemia de Covid-19.
Cabe recordar que durante el año 2019 la Alta Comisionada Michelle Bachelet, visitó el país y sostuvo entrevistas con una amplia gama de figuras políticas, desde el Presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, hasta el Presidente de la Asamblea Nacional, así como con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores, otros interesados, y también con víctimas y sus familiares.
En ese informe detallaba la progresiva militarización de las instituciones del Estado, detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a los críticos al Gobierno, violencia sexual y de género, uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones, presuntas ejecuciones extrajudiciales, personas privadas de su libertad sin garantías, reducido espacio de medios de comunicación independientes, escasez de alimentos y grave crisis sanitaria.
Frente a un nuevo informe de Naciones Unidas, Venezuela rechaza la información vertida por la Comisionada Bachelet argumentando que «incorpora información de fuentes de escasa credibilidad sin haber sido debidamente contrastadas con las autoridades venezolanas».
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