La expulsión de la representante europea en Caracas provocó ayer la reacción urgente de Josep Borrell, quien llamó a consultas a la embajadora de Nicolás Maduro en Bruselas para tomar las «medidas necesarias habituales de reciprocidad». Todo apunta a que Claudia Salerno también será expulsada con destino a Venezuela cuando la pandemia lo permita.
«Sólo una solución negociada entre venezolanos permitirá al país salir de su profunda crisis», añadió Borrell, a sabiendas de que las soluciones de la revolución son casi siempre a puñetazos. En el trasfondo de la nueva contienda diplomática se sitúa el plan bolivariano para llevar a cabo unas elecciones amañadas a medida del oficialismo que la UE no ha comprado en ningún momento. Un disparo contra su propio pie, ya que el 40% de la ayuda humanitaria que llega al país en medio de su aguda crisis social, sanitaria y económica procede de Europa.
Maduro dio el lunes un ultimátum de 72 horas a la diplomática portuguesa para que abandonara el país, en respuesta a nuevas sanciones europeas contra tres opositores disidentes y ocho funcionarios venezolanos por acciones contra la oposición.
Las sanciones europeas contra ocho funcionarios chavistas y tres diputados provocó la reacción furiosa de Maduro, quien no se guardó ningún vituperio: colonialistas, intervencionistas, arrogantes, supremacistas, racistas, esperpentos, bobolongos… «Si ellos (UE) pudieran mandar sus barcos de guerra, mandar un millón de soldados para tomar Venezuela y evitar las elecciones lo harían, pero no pueden porque sus propios pueblos se lo impedirían», vaticinó Maduro.
El jefe revolucionario fanfarroneó incluso con prestar un avión a la representante europea, Isabel Brilhante Pedrosa, para que abandone el país petrolero en 72 horas pese al cierre de las fronteras.
El presidente encargado, Juan Guaidó, mostró su respaldo a Brilhante tras el «nuevo arrebato de soberbia de una dictadura irresponsable. Ratificamos nuestros lazos con la UE y con todos los países que apoyan la lucha venezolana«. En su arenga nacionalista, Maduro aseguró que el líder opositor se encuentra prófugo de la justicia revolucionaria.
Bruselas sancionó a los 11 dirigentes promaduristas tras varios meses de discusión interna entre los 27 países. Todos ellos decidieron finalmente prohibir los viajes a la Unión y la congelación de fondos y bienes a los tres pesos pesados del oficialismo, dos fiscales, un militar, dos delegadas de la Constituyente y los diputados vinculados al testaferro de Maduro, Alex Saab, cuyo proceso de extradición a EEUU se ha iniciado en Cabo Verde.
Entre los tres chavistas de peso penalizados por Bruselas se encuentra el contralor Elvis Amoroso, muy cercano personal y políticamente a la pareja presidencial. También cabe destacar al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Juan José Mendoza, clave en la apisonadora judicial contra Parlamento y oposición montada por el chavismo.
La presencia de la vicepresidenta Delcy Rodríguez en la segunda tanda de sancionados fue el origen del famoso Delcygate, ya que la mano derecha de Maduro tampoco puede pisar suelo europeo.
La guerra abierta por Maduro contra Europa profundiza aún más el aislamiento internacional de Venezuela, abocada a contentarse con sus aliados Rusia, Cuba y China
Contra un aislamiento
Los 27 países miembros de la UE, quienes adoptan sus medidas por unanimidad, siempre han defendido su enfoque de no sancionar sectores económicos, como Estados Unidos, para no empeorar la crisis humanitaria.
Y, además, pese a la presión de Washington y de la oposición venezolana, evitan sancionar a Maduro para no cerrar los canales de diálogo con Caracas de cara a impulsar una salida negociada a la crisis política mediante elecciones.
Las cancillerías de Colombia, Bolivia y Paraguay rechazaron la expulsión de la embajadora europea en Caracas. Bogotá y Asunción llamaron incluso a la comunidad internacional a poner fin a la «tiranía» de Maduro.
«Creo que aislar aún más al régimen de Maduro internacionalmente no es una buena manera de tratar de resolver el problema político de Venezuela y por eso lamento mucho esta medida», subrayó Borrell en la rueda de prensa.
Las nuevas sanciones de la UE elevan a 36 el número de venezolanos a los que prohíbe viajar al bloque y congela sus activos por socavar la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en este país sumido en plena crisis política.
Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE, que impuso también un embargo de armas. En paralelo, el bloque busca aliviar la crisis humanitaria en el país y la crisis de refugiados en la región.
Fuente: AFP
]]>