Los derechos de los pioneros son pisoteados

La historia de la familia Goye y sus herederos y cómo el Gobierno Nacional no reconoce los derechos de propiedad privada.

Por Sergio Capozzi
PARA EL FEDERAL NOTICIAS

REIO NEGRO.- A fines del siglo XIX, la república Argentina inició una campaña destinada a atraer a europeos que estuvieran interesados en venir a poblar y trabajar los inmensos territorios que, poco tiempo antes, comenzaron a integrarse a la Nación. Para ello, en el año 1888 se dictó una ley a la cual se la llamó, inequívocamente, “Hogar”. Es que eso era precisamente lo que se les ofrecía a los inmigrantes, un nuevo hogar donde establecerse, crecer y adoptar la nacionalidad argentina.

Entre quienes se fueron sumando a la corriente inmigratoria estaban los suizos que llegaron a través de Valdivia porque desde Buenos Aires no había caminos. Ellos se instalaron en las cercanías del lago Nahuel Huapi y a orillas de otro más pequeño aún sin nombre, donde construyeron un villorio en el año 1895, luego llamado Colonia Suiza. El gobierno nacional le otorgó a cada familia 625 hectáreas aptas para labores agroganaderas. Entre los colonos estaba la familia Goye, imposible no identificar ese apellido con la tradición barilochense. Si algunos merecen el título de pioneros, son los Goye. Nos vamos a referir específicamente a uno de ellos: Eduardo Goye se estableció en el denominado Lote 87 que posteriormente pasó a ser identificado con el 86.

Eduardo no sólo comenzó a labrar la tierra sino que cumplió cabalmente con el objetivo trazado por el gobierno nacional: se casó y tuvo catorce hijos argentinos. Ellos se educaron como argentinos, juraron a la bandera cuando estaban en cuarto grado y los varones hicieron el servicio militar. Algunos se casaron, Eduardo tuvo nietos, también argentinos. Ya no sólo había apellidos Goye, Nielsel, Pruden o Cretón en la zona. Aparecieron los nietos Rivas, Parra y muchos más.

A mediados de la década del ’30 se creó el Parque Nacional Nahuel Huapi y ley mediante se dispuso la cesión al Ministerio de Defensa de aquellos lotes que no estuvieran escriturados a nombre de particulares. El lote de Eduardo no estaba escriturado, el chacarero no era una persona instruida y pasó por alto el trámite administrativo. Conforme la nueva ley el Ejército Argentino se encargaría de la construcción de una pista de esquí y un teleférico para entrenamiento de sus tropas. Nunca se construyeron y los descendientes de Goye siguieron viviendo allí 120 años.

La presencia fue pacífica, tradicional y pública. Sin embargo, en 2005, un guarda parques que estaba realizando un relevamiento catastral advirtió que los Goye poseían el lote pero no tenían la escritura. Elevó su informe a sus superiores y éstos al Ejército. Sin intimación ni medida previa el gobierno nacional inició un proceso de desalojo (año 2005).

Un grupo de descendientes, entre ellos Rivas, Goye, Nielsen y Parra, contestaron la demanda. Probaron sobradamente la presencia y tenencia desde antes de la fundación del municipio de San Carlos de Bariloche. El juez interviniente dictó una sentencia que podríamos simplificar en una frase “ustedes tiene razón, pero marche preso.” El juez dijo que estaba suficientemente probado que los descendientes de Eduardo Goye hacía más de cien años que ocupaban las tierras a título de dueños, que eran colonos atraídos por una ley nacional pero, y siempre hay un pero, con la creación del Parque Nacional y la sanción de las leyes de seguridad de frontera y de la imposibilidad de aplicar la prescripción adquisitiva, debía hacer lugar a la demanda de desalojo y recomendaba a los Goye y familiares a recurrir a la vía política en busca de una solución. La sentencia fue apelada y se logró que la Cámara de la ciudad de Gral. Roca rechazara las pretensiones del Estado Nacional, reconociendo los derechos de los colonos y sus herederos.

La sentencia fue recurrida por el gobierno nacional ante la Corte Suprema que, cinco años más tarde descubre que la Cámara no había tratado el punto relativo a la “seguridad de frontera” y por tanto ordenó el dictado de una nueva sentencia, que esta vez y agotando la instancia judicial dispuso el desalojo. Quince años de pleito.

El juez de primera instancia escribió en su sentencia: “No abrigo dudas de que la deficitaria política estatal en materia habitacional ha llevado a su vez a que nos encontremos con inmensas porciones de tierras que –evidentemente– no pueden ser controladas siquiera por el propio Estado que con su inacción permite el asentamiento masivo de familias completas”. Si consideramos atendibles los considerandos del juez, ¿qué nos queda con relación a la situación de los colonos suizos?. Estos no han llegado al Parque Nacional hace unas semanas, llevan más de un siglo ocupando como dueños las tierras que el mismo Estado les indicó y ahora pretende quitarles.

A principios de este año, la jueza subrogante del juzgado federal de la ciudad de San Carlos de Bariloche dispuso que el Ejército Argentino deberá escriturar a favor de una comunidad mapuche ciento ochenta hectáreas que se encuentran dentro del predio conocido como Escuela Militar de Montaña. Los mapuches alegan ocupar esas tierras desde hace setenta años y obviamente, no tienen titulo alguno. Es decir, llegaron a estas tierras cincuenta años más tarde que los suizos, llegaron desde Chile, luego de la sanción de la ley de Seguridad de Frontera y para ellos no existe esa ley. Los mapuches vinieron por propia voluntad, los suizos llegaron porque los mandó a llamar el gobierno de Avellaneda. Los suizos ya no son suizos, son argentinos desde 1904 cuando sus descendientes comenzaron a concurrir a las escuelas argentinas, juraron la bandera, hicieron el servicio militar en defensa de nuestra soberanía. Sin embargo son ellos los perseguidos, los desalojados. ¿Será que políticamente no tienen apoyo? Son agricultores, comerciantes, gente común y corriente que paga sus impuestos, incluso y desde siempre los que corresponden al predio del cual se los pretende desalojar y del cual sólo ocupan una treinta hectáreas.

¿Cuál será el destino del lote? Seguramente no el previsto en los años ’30. ¿Lo ocupará efectivamente el Ejército o será terreno ideal para tomas ilegales? La misma jueza que ahora ordena el desalojo es la que no acciona contra las tomas ilegales ni ordena la ejecución de sus propias ordenes contra quienes usurpan tierras igual de públicas y que pertenecen a Gas del Estado y Parques Nacionales.

Esta desigualdad ante la ley es una aberración, una clara violación de los Derechos Humanos. Imploramos a los políticos, sin distinción partidaria, a que dicten una ley que cese con esta medida que lo único que hace es dejar en el desamparo a más de treinta familias.

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