Por Juan Manuel Hernández para politicos.com.ar
(@jmh3006)
Estos más de dos meses de cuarentena en nuestro país han generado un impacto muy grande en toda la sociedad y lógicamente una vez terminada la misma ya nada volverá a ser igual, pero en el mientras tanto todos estamos padeciendo en mayor o menor grado los costos de evitar un mal mayor. Uno de los segmentos de la sociedad más perjudicados es el de las personas mayores y si hay algo que está demostrando la pandemia a nivel mundial es que los países no tiene un plan claro y sustentable para que los adultos mayores puedan vivir con dignidad en el marco de una sociedad que los incluya y permita además que puedan participar de las decisiones de aquellas políticas que modificarán lo que resta de sus vidas.
A veces parece normal hablar de las personas mayores empleando la tercera persona del plural cuando en realidad no nos damos cuenta que hablar de “ellos” es hablar de nosotros, porque las decisiones que tomamos hoy son la construcción de la realidad que vamos a tener cuando seamos “nosotros” las personas mayores. Momentos como el que estamos atravesando deben ser aprovechados para poder replantearnos en función del contexto qué es lo que estamos haciendo bien, qué no y qué es lo que falta.
La realidad en el marco del COVID-19 nos indica que las personas mayores son el principal grupo de riesgo y lo más lógico fue determinar su aislamiento y en ese sentido hemos pasado por alto un montón de consideraciones, por empezar la propia opinión de las personas mayores al respecto.
En el año 2017 fue promulgada la Ley 27.360 en la cual nuestro país oficializa su adhesión a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Dicha adhesión obliga a nuestro país a adoptar las medidas necesarias para que dichos derechos no sean vulnerados sobre todo cuando determinadas decisiones de Estado pareciera ir en contrario de lo refrendado en dicha norma.
Hoy la palabra “aislamiento” está de moda y por supuesto es una de las medidas adoptadas por el gobierno que ha permitido hasta el momento mantener en valores estables y previsibles la cifra de los casos registrados, pero dicha palabra es una de las principales causas que lleva a la depresión a muchas personas mayores trayendo como consecuencia la aparición de enfermedades deteriorando su salud, y es por ello que la norma establece que los Estados parte, tomarán medidas para evitar el aislamiento así como también el derecho a la libertad personal y por lo que “la edad en ningún caso justifica la privación o restricción arbitrarias de su libertad (sic)”.
Lo dicho puede parecer contradictorio dadas las actuales circunstancias pero es bueno ponernos a pensar que si se le ha permitido a los padres poder salir con sus hijos una vez a la semana ¿no sería razonable permitir que las personas mayores puedan hacer lo mismo?
Otro de los puntos importantes de la Convención es el derecho de reunión y de asociación y en este sentido nuestro país ha sido pionero a través de la promoción para la creación de Centros de Jubilados. Hoy en todo nuestro país hay más de cinco mil organizaciones conducidas por jubilados y dichas instituciones son en muchos casos el primer núcleo de contención social de muchas personas mayores. Son un lugar de encuentro que posibilita la interacción entre pares, la promoción de un envejecimiento activo y saludable a partir de actividades preventivas y recreativas fomentando la participación intergeneracional.
Con la cuarentena y el aislamiento obligatorio muchas organizaciones han dejado de percibir ayuda de los distintos órganos de gobierno así como también la implementación de programas dirigidos a la población mayor que eran desarrollados en los centros y por otro lado, al no llevar a cabo ningún tipo de actividad muchos corren riesgo de no poder seguir sosteniendo la institución.
El esparcimiento es fundamental para la prolongación de la salud así como el deporte y la recreación, y las organizaciones de jubilados son un elemento potenciador para motivar a las personas mayores a ejercitarse y promover un envejecimiento activo y saludable. Hay iniciativas virtuales por parte del Estado para tratar de paliar la situación pero resulta ineficiente dada la dificultad de un gran porcentaje de jubilados para acercarse a estos recursos tecnológicos sumado a que el aislamiento y la falta de compañía para el desarrollo de actividades de promoción de la salud fomenta el sedentarismo produciendo los efectos que dicha Ley busca remediar.
La sociedad en su conjunto está aprendiendo en este proceso que nos ha mostrado virtudes y defectos y que ha puesto también en relieve muchas cuestiones que merecen atención. Que hoy haya países considerando no brindar atención de cuidados intensivos a las personas mayores como el caso de Perú o que incluso como en el caso de Holanda se esté considerando el uso de una pastilla letal para mayores de setenta años expone que nos falta mucho por debatir y muy poco tiempo para hacerlo.
Es necesario que quienes llevan a cabo las políticas destinadas al sector revean las medidas adoptadas y promuevan la participación de los representantes de los jubilados para poder desarrollar estrategias que contemplen lo expuesto y se pueda contener de una forma más efectiva los efectos que esta pandemia está causando en la población mayor. Hoy tenemos la posibilidad de cambiar positivamente el presente de las personas mayores y con ello no estaremos haciendo otra cosa más que mejorar nuestro futuro.
