La ley, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020 y podrá ser prorrogada por 1 año más, fue aprobada con los cambios introducidos al proyecto del Ejecutivo durante el trabajo en comisión.
La ley que declaró la emergencia económica, fiscal, financiera y social en la provincia determina que 2.000 millones de pesos se asignarán a herramientas financieras de asistencia al sector privado: el 50% se destinará a capitalizar al BTF con el objetivo de ofrecer líneas de crédito para el pago de sueldos, alquileres comerciales y la adquisición de bienes capital, entre otros.
El 50% restante, 1.000 millones de pesos, se destinarán al Ministerio de Producción para atender a personas que no sean sujetos de crédito en el sistema financiero formal. A cambio de eso, los beneficiarios no podrán efectuar despidos de sus trabajadores durante el plazo de 1 año.
Tambien se contempla la creación de un Fondo de Asistencia Económica COVID-19 destinado a micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, asociaciones civiles, mutuales y cuentapropistas, entre otros, mediante el otorgamiento de subsidios no reintegrables de carácter monetario.
Además se autorizó al Ejecutivo a contraer endeudamiento por hasta 3 mil millones de pesos para contar con medios de financiamiento para atender las consecuencias de la emergencia con fondos que provendrán de un programa de asistencia del Gobierno Nacional.
