El amparo y la medida cautelar a la matanza de conejos silvestres con gas fosfina anunciada por el CADIC, fueron consideradas “admisibles” por el fiscal Juan Soria, quien aclaró que aún no existe un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, que le corresponde al juez Federico Calvete.
Las asociaciones que se presentaron ante la justicia por este tema son la Asociación de Funcionarios y Abogados para la Defensa de los Animales (AFADA) y la Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino (ARAF).
El CADIC emitió un comunicado expresando que la proliferación de conejos silvestres en inmediaciones de la institución produce un riesgo “ambiental y sanitario” para la zona, y en particular un problema para el propio edificio del organismo.
Respecto al método para contener la plaga, el organismo precisó que se utilizará “una fumigación pasiva y extracción manual”, a través de un procedimiento que “no implicará riesgo para la seguridad ni la salud de humanos ni de otras especies animales y posee un impacto nulo para el medioambiente”.
Sin embargo, tanto desde AFADA como desde ARAF mostraron su desacuerdo con la medida, y plantearon que la erradicación de los conejos “amenaza la fauna silvestre de la provincia, su diversidad biológica y valor cultural, y la integridad física y psíquica de los animales, vulnerando sus derechos a no ser víctima de sufrimientos innecesarios”.
Según la demanda, las pastillas de Fosfuro de Aluminio que se utilizarán para la fumigación, resultan “altamente tóxicas para cualquier ser vivo”, y están clasificadas “en categoría IA (extremadamente tóxicas) por la Organización Mundial de la Salud”.
“Además de atentar contra la vida de la población de conejos que habitan en ese predio, se pone en riesgo la salud de los habitantes de la zona. Los actos que pretende llevar a cabo el CADIC carecen de fundamento legal y ético, y atentan contra los derechos fundamentales de esa especie y contra la diversidad biológica”, asegura el amparo judicial.
