Por Sergio Capozzi*
Desde antiguo se consideraba al retiro como el justo premio para quienes habían dedicado decenas de años de su vida al trabajo. Griegos y romanos veneraban a sus mayores, los nombraban senadores, le encomendaban la educación de los jóvenes.
Es habitual que escuchemos que el sistema jubilatorio argentino fue creado en tiempos del primer gobierno del Juan Domingo Perón. Falso.
En nuestro país, los primeros avances en materia previsional se manifestaron hacia fines del siglo XIX.
El primer antecedente data del año 1877, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, cuando se sancionó la Ley 870 de creación del Sistema de Jubilación para Magistrados Judiciales.
Curioso que fueran los jueces, hoy tan cuestionados en este punto, quienes accedieran a un sistema de retiro.
Roca creó la Caja de Jubilación de Funcionarios, Empleados y Agentes Civiles (1904), Hipólito Yrigoyen, , la Caja de Jubilaciones para los Trabajadores de Empresas de Servicios Públicos y la de Jubilaciones para los Empleados de los Bancos y Compañías de Seguros. Marcelo T. de Alvear consolidó el avance hacia la jubilación universal y obligatoria.
Recién en octubre de 1943, con el Coronel Juan D. Perón en la Secretaria de Trabajo y Previsión, se crea la Caja de Jubilación del Personal de Comercio y Actividades Civiles y la Caja de Jubilación del Personal de la Industria y posteriormente la Caja de Jubilación de Trabajadores Rurales e Independientes, Profesionales y Empresarios.
Fue Arturo Frondizi, año 1958, quien dio el aporte significativo para la movilidad del haber de la jubilación ordinaria. Establecía la equivalencia de ese haber al 82% móvil de la remuneración mensual asignada al cargo, oficio o función del afiliado al momento de jubilarse o de cesar en la prestación del servicio.
Ya en 1986, el presidente Raúl Alfonsín decretó la Emergencia Previsional, dado que el Estado no tenía recursos para afrontar el pago de las jubilaciones ajustadas, ni la inmensa cantidad de juicios iniciados en su contra.
En la década del ‘90, durante la presidencia de Carlos Menem, tuvo lugar una drástica reforma al sistema previsional.
La ley 24.241/94 instituyó un sistema mixto, que combinaba el sistema de reparto público y la capitalización individual como alternativas de las futuras jubilaciones.
Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se sancionó la ley 26.425/08 que unificó el sistema de jubilaciones y pensiones en un único régimen (SIPA). Dicha ley dispuso la transferencia de los depósitos que se encontraban en las cuentas de capitalización (AFJP) a la ANSES.
Esta reforma implicó el retorno al régimen de reparto. Además, amplió el número de beneficiarios y tipos de beneficios. Aparecieron las jubilaciones para amas de casa, aquellos que no tuvieran aportes o los mismos fueran insuficientes, los beneficios para Adultos Mayores y paralelamente la Asignación Universal por Hijo.
La ecuación ingreso/egreso quedó destruida. En 1946 por cada un beneficiario había cuatro aportantes, trabajadores regulares activos. Hoy estamos, prácticamente, uno a uno.
Ya con el gobierno de Mauricio Macri, en el año 2016, se sancionó la ley 27.260, que creó el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados; con el objetivo de implementar acuerdos para el reajuste de haberes y cancelación de deudas previsionales con aquellos beneficiarios que reúnan ciertos requisitos.
Más de un millón y medio de beneficiarios se acogieron a sus beneficios. La misma Ley dispuso la creación del Consejo de Sustentabilidad Previsional, con el objetivo de que en un término de tres años a partir de su sanción, elaborará un proyecto de régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto, previéndose una nueva reforma al sistema previsional.
Pasaron más de tres años y estamos en veremos o, peor, estamos retrocediendo.
En diciembre de 2017, con Macri en el gobierno, desde el oficialismo y con el apoyo de varios gobernadores peronistas, se presentó en el Congreso un proyecto de ley para modificar el sistema de cálculo de reajuste de las prestaciones.
La respuesta de parte de la oposición no fue con fundamentos técnico legales sino con toneladas de piedras, 162 heridos, 60 detenidos, la plaza de los dos Congresos destruida y un señor con un mortero prófugo hasta hace unos días. Demás está decir que la reforma integral del sistema jubilatorio quedó en la nada.
El 10 de diciembre de 2019 Alberto Fernández asumió el Poder Ejecutivo. Seguramente sus votantes y por qué no quienes no lo fueron, pensaron que entre sus primeras medidas iba a encontrarse la sanción de una ley que hiciera realidad el aumento del 20% en los haberes jubilatorios, prometido en la campaña.
Sin embargo, a menos de dos semanas de asumir, se sancionó la ley 27.541, que en su artículo 55 dispone que “a los fines de atender en forma prioritaria y en el corto plazo a los sectores de más bajos ingresos, suspéndase por el plazo de ciento ochenta (180) días, la aplicación del artículo 32 de la ley 24.241, sus complementarias y modificatorias.”
Durante el plazo previsto y su prórroga, los incrementos de los haberes son fijados arbitrariamente por el Poder Ejecutivo.
En la misma ley se establece que el Poder Ejecutivo nacional convocaría a una comisión integrada por representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembros de las comisiones del Congreso de la Nación competentes en la materia que, durante el plazo de 180 días (ya vencido), propusiera un proyecto de ley de movilidad de los haberes previsionales.
De haberse continuado con la aplicación del sistema de reajustes contemplado en la ley del ’17 y para estos primeros seis meses del año 2020, los jubilados y pensionados hubieran tenido un incremento en sus haberes del 11 %, todos por igual; conformado el 70% por la variación del índice de precios al consumidor y el 30% de la variación del R.I.P.T.E. (remuneración imponible promedio de los trabajadores estableces).
Con la ley de emergencia, el incremento fue del 3,7%.
Sería muy fácil salir a pegarle al Gobierno Nacional por haber incumplido la promesa de campaña y por, enésima vez, comenzar el ajuste por quienes no cuentan con una organización sindical o por lo menos una voz colectiva que los represente.
Ya no tienen una periodista devenida en diputada que, también puso como eje de campaña la reivindicación de los beneficiarios del sistema. No es el caso, sería politiquería y no es lo nuestro.
Sin embargo, nos gustaría dedicarle unas palabras al señor Jefe de Gabinete. Según él, con la ley de emergencia y el DNU que amplía el plazo de vigencia, se esta beneficiando a los que menos perciben, no es cierto.
El señor Cafiero contabiliza el bono adicional para los que cobran la mínima, esa suma no puede ser considerada parte del haber jubilatorio, es una subsidio, una ayuda extraordinaria.
Sin perjuicio de ello, quienes perciben la mínima están cobrando $ 541 menos que si se hubiese aplicado la ley del ’17, mientras que los que perciben la máxima están perdiendo $ 14.500 por mes. La ley de emergencia contempla un reajuste para el período del 6%, equivalente a la inflación de sólo dos meses. No hay que ser economista para darse cuenta cuál es la verdad.
La movilidad jubilatoria, garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución, no puede quedar en manos del Poder Ejecutivo que, desde diciembre hasta hoy le han quitado a los beneficiarios del sistema $ 34.000.000.000.
En otras palabras, quienes aportaron más de treinta años y están dentro del grupo de riesgo, están financiando los ATN y los IFE y a los políticos que no se han reducido sus dietas y salarios.
Sigue transcurriendo el tiempo y seguimos poniendo parches. La crisis del sistema es universal. En pocos años, de cada tres empleos dos serán reemplazados por máquinas o aplicaciones, la expectativa de vida se amplia (no queremos repetir el absurdo comentario del señor Presidente), esa es una realidad.
Nunca un gobierno populista va a tomar una medida impopular, aunque en ello le vaya la vida, es por eso que nunca va a plantear que es necesario aumentar la edad para jubilarse y que no tiene sentido distinguir entre hombres y mujeres (recuerden a ese funcionario cordobés que solicitó el cambio de género a efectos de poder jubilarse a los 60 años de edad). El sistema contributivo no tiene futuro, hay que migrar a otro, como están haciendo algunos países desarrollados. Si se eliminan los aportes patronales y las contribuciones de los trabajadores, éstos tendrán un incremento sustancial de sus haberes y los empleadores podrán contratar más personal o hacer inversiones.
Otro punto, en tiempos de Carlos Menem se nacionalizaron cajas jubilatorias provinciales, ya no tiene objeto, sólo crea conflictos y descapitaliza a la ANSES. Hay que decirle a cada Gobernador que estamos en un país federal y cada uno debe hacerse cargo de sus jubilados.
Solución a corto plazo, exceptuar de los efectos de la ley de emergencia a los beneficiarios del sistema jubilatorios.
Solución a largo plazo, convocar de una vez a la famosa Comisión de expertos y, si éstos concluyen que hay que tomar medidas poco o nada simpáticas, hay que hacerlo, sino que cada vez habrá más informalidad laboral, menos aportantes y adultos mayores dependiendo de sus hijos.
Comenzamos hablando de los griegos y romanos. El noruego, pueblo bárbaro e inculto, según nos dicen los libros de historia, tiene un fondo petrolero de más de trescientos mil millones de euros para asistir a sus jubilados en caso de crisis. A veces es bueno copiar y pegar.
*Sergio Capozzi: Abogado, docente universitario, posee una maestría en Historia Política Contemporánea, consejero del Comité Olímpico Argentino, Árbitro Institucional.
