Grave: El Gobierno no acatará el fallo de la Corte que devolvió la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires

El Poder Judicial ordenó que la Nación gire automáticamente el 2,95% de los recursos, contra el 1,4% que percibe actualmente desde que Alberto Fernández confiscó los recursos al jefe de Gobierno porteño en 2020.

BUENOS AIRES.- El Gobierno nacional está a punto de generar un conflicto institucional muy grave. El presidente Alberto Fernández, montó una escena junto a gobernadores peronistas para avisar que el Gobierno nacional no cumplirá el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó devolverle la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

El primer argumento de la Casa Rosada es que la ley 27.606 establece que la Ciudad de Buenos Aires reciba el 1,4 por ciento del total coparticipable. El fallo judicial ordenó otorgar el 2,95 de la masa coparticipable, cuando el gobierno porteño, con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, pedía el 3,5 por ciento de los ingresos nacionales.

“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”, señaló la Casa Rosada a través de un comunicado.

El fallo judicial sostuvo que la transferencia automática de fondos a la Ciudad de Buenos Aires no afectaba a las provincias. El mismo argumento usó el jefe de Gobierno porteño. “Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”, agregó el comunicado de la Casa Rosada.

El Gobierno calificó como “un fallo político de cara al año electoral”. “La Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”.

“Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada”.

La decisión de Alberto Fernández podría significar una denuncia penal contra el mandatario. El artículo 249 del Código Penal establece que será reprimido con prisión de 15 días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario públicos en el ejercicio legítimo de sus funciones.

De la reunión con Fernández participaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saa (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quienes pedirán ser tenidos en cuenta en la recusación y solicitar la revocación del fallo de la Corte.

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