En una sorpresiva conferencia de prensa el presidente Alberto Fernández anunció que intervendrá y buscará expropiar la exportadora de granos, harinas y aceites Vicentin, que se encuentra en concurso de acreedores y tiene una deuda de $100.000 millones.
“El grupo Vicentin es un grupo cerealero que tiene una crisis financiera, en la cual el Estado nacional es su principal acreedor a través de la Nación argentina. En función de esto, hemos dispuesto una serie de medidas, que tienen como misión rescatar a esa empresa, líder en el mercado agropecuario argentino”, expresó el primer mandatario.
“El propósito no solo es que continúe, sino que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar en sus trabajos. Y que los pequeños productores, alrededor de 2600, puedan seguir contando con una empresa a la que vender lo que producen y que la Argentina pueda mantener en pie a un operador de esta magnitud”, agregó Alberto Fernández al momento de realizar el anuncio.
“Por eso hoy vamos a firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia que dispone la intervención del grupo Vicentin”, aclaró.
El mandatario argentino estaba acompañado por su ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti. Allí confirmó que el interventor designado es Gabriel Delgado.
El presidente aclaró la operatoria: “Estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vicentin, para que el Estado nacional se haga cargo. Todos los activos del grupo van a pasar a formar parte de un fondo fiduciario, y le encomendaremos la gestión de ese fondo a YPF Agro”.
Pública no estatal
Legisladores santafesinos integrantes de una comisión de estudio del caso Vicentín en la provincia, tras entrevistarse con los empresarios, los empleados y el juez de la causa habían planteado la necesidad de transformar a la firma en una empresa pública no estatal.
Rubén Giustiniani, uno de los diputados provinciales firmantes del documento, consideró que “sería importante buscar el camino de una empresa pública no estatal. Tendrían un rol clave las cooperativas para gestionarla porque conocen perfectamente el negocio y pueden manejarlo con idoneidad. La idea que sea no estatal es para no comprarse un muerto con una deuda de 1350 millones de dólares “, subrayó el legislador.
La propuesta lleva las firmas de los diputados provinciales Carlos del Frade, Damaris Pacchiotti, Agustina Donnet y Rubén Giustiniani; de los concejales Caren Tepp y Juan Monteverde; de dirigentes políticos y sociales como Claudio Lozano (uno de los nuevos directores del Banco Nación), Pino Solanas, Victoria Donda, Alcira Argumedo, Juan Grabois, Itai Hagman y Víctor de Gennaro y de intelectuales como Mempo Giardinelli, Horacio González y Maristella Svampa, entre otros.
En la nota agregan que el pedido es como consecuencia del “fraude” consumado por Vicentín, que incluye “el uso irregular del crédito público y la expresa comisión de delitos de evasión tributaria, fuga de divisas y lavado de activos. Por ello, es imprescindible y urgente que el gobierno tome control de la situación y, utilizando las herramientas del Estado, intervenga urgentemente y promueva una alternativa para el futuro del Grupo Vicentín, que tome en cuenta los verdaderos intereses del país y la comunidad”.
Vicentin
La firma agroexportadora nacida en Avellaneda, al norte de la provincia de Santa Fe, se declaró en cesación de pagos el 4 de diciembre de 2019, causando un fuerte cimbronazo en el sector agroexportador. Y en febrero pasado solicitó la apertura de su concurso de acreedores.
En ese momento presentó una nómina de más de 2600 acreedores por una suma denunciada total de casi $100.000 millones. En marzo, un juzgado de Reconquista resolvió la apertura del concurso para renegociar la deuda.
