Escándalo por el avance del Gobierno sobre el Poder Judicial para garantizar la impunidad

En medio de la pandemia de coronavirus, derogaron el Consejo de la Magistratura y ampliaron el número de vocales de la Corte Suprema.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca.

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.- El gobierno de Catamarca, conducido por Raúl Jalil (Frente de Todos), dio dos pasos para avanzar sobre las facultades del Poder Judicial: incrementó el número de vocales de la Corte Suprema de Justicia -pasó de cinco a siete miembros- y derogó el Consejo Asesor de la Magistratura, el órgano que tiene la facultad de designar los integrantes del Poder Judicial.

Estas medidas, aprobadas en medio de la pandemia de coronavirus por las dos cámaras legislativas, despertó una enorme polémica en la provincia, que supo ser el feudo de la familia Saadi y todavía con la mancha por el crimen de María Soledad Morales.

De esta manera, ahora la designación de jueces será a dedo del gobernador Raúl Jalil, con acuerdo del Senado, donde el oficialismo local tiene mayoría. El proyecto convertido en ley señala que “el Consejo de la Magistratura viola los artículos de la Constitución provincial porque ninguno de los poderes del Estado puede arrogarse facultades que no le han sido conferidas”. La Constitución Nacional que rige para todo el país tiene un Consejo de la Magistratura, que tiene la potestad de realizar los concursos para la designación de magistrados. Catamarca da un vuelco institucional para garantizar la impunidad, ya que el gobernador Jalil podrá caer en la tentación designar a dedo a todos los funcionarios judiciales desde ahora.

El Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA) manifestó su preocupación por la ley que derogó el Consejo de la Magistratura en el 2000. “El Foro reafirma el alto valor institucional que tienen los Consejos de las Magistraturas como órganos democráticos, pluralmente integrados y con representación de distintos estamentos, los que a través de concursos públicos de antecedentes y oposición y entrevistas, proponen la designación de los postulantes más idóneos para cubrir cargos en la judicatura y en los ministerios públicos”, manifestaron mediante un comunicado.

En igual sentido, Marina Sánchez Herrero, miembro del Consejo Asesor de la Magistratura de la Nación cuestionó la medida del gobierno de Catamarca. “Lamento la decisión, porque los Consejos mejoran la República, limitan el poder político sobre la justicia y velan por su calidad institucional”, escribió en su cuenta de Twitter.

Desde la Unión Cívica Radical (UCR) anticiparon que van a impugnar la ley, para evitar los atropellos del gobierno de Catamarca sobre las instituciones.

Mientras tanto, desde el PRO, su presidente Enrique Cesarini mantiene un silencio cómplice, a diferencia de la defensa de las instituciones por las que vela el partido fundado por Mauricio Macri.

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