Escándalo: La Oficina Anticorrupción renunció al rol de querellante en un juicio contra Cristina

En la causa Vialidad, los alegatos comenzarán el 11 de julio y el fiscal pediría penas de entre 5 y 16 años de cárcel.

La deuda cero de las empresas de Lázaro Báez, otra de las pruebas contra la  ex presidente Cristina Kirchner - Infobae
Cristina y Lázaro, los principales acusados en la causa Vialidad.

BUENOS AIRES.- En una escandalosa decisión, la Oficina Anticorrupción renunció a su rol de querellante en la causa Vialidad, que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como una de las principales acusadas. Es en el juicio donde se investiga el presunto direccionamiento de las obras públicas viales de Santa Cruz para beneficiar a las empresas de Lázaro Báez.

La decisión se torna más escandalosa aún porque la Oficina Anticorrupción es el organismo encargado de investigar posibles delitos de funcionarios y controlar sus declaraciones juradas.

De este modo, la Oficina Anticorrupción no participará de los alegatos del juicio oral que está previsto que comiencen el 11 de julio próximo. La otra querella estatal que queda en la causa es la de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La OA comunicó su decisión de renunciar a la querella mediante un escrito firmado por el abogado del organismo, Sergio Aleo. El texto breve de la nota que envió el letrado a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, del tribunal oral, señala que “el titular de este organismo [Félix Crous] ha dispuesto desistir del rol de querellante en las causas en que esta Oficina se encontraba constituida en tal carácter”.

“Por lo tanto, no habiendo prueba propuesta por la representación de este organismo pendiente de producción, se solicita a Vuestra Excelencia que se aparte a esta Oficina Anticorrupción del rol de querellante, oportunamente asumido”. La nota menciona una decisión de Félix Crous del 19 de octubre de 2020, donde explica los motivos por los cuales la OA desistiría de las querellas criminales.

Allí se señala que el rol de la acusación en la causas lo desarrollan los fiscales, que la OA tiene entre sus funciones la prevención de la corrupción y la investigación, y que el área de litigios fue sobredimensionada durante la gestión de Cambiemos en desmedro de otras áreas. Se menciona que la OA debería dedicar más recursos de su gestión a la comunicación y a la prevención de la corrupción.

“Corresponde ordenar los recursos de la Oficina de un modo racional y económico, corrigiendo los desequilibrios que impactan en sus capacidades para el cumplimiento de su cometido principal, establecido en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”, dice la directiva de Crous.

Por eso es que el el organismo estatal decidió correrse de todas la acusas en las que estaba querellando. “Habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter. Para contribuir al orden de la litis, en aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio, se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina”. La OA estuvo hasta ahora presente en el juicio sin casi intervenir. La OA ya renunció a querellar en las otras causas de corrupción contra Cristina Kirchner.

La vicepresidenta se enfrenta a la posibilidad de que la fiscalía le pida una condena de entre 5 y 16 años de prisión en el caso, de acuerdo con la escala penal de los delitos por los que se la juzga: jefa de asociación ilícita y fraude al Estado, en una causa que se encamina a su resolución final en las próximas semanas.

En un mes empiezan los alegatos en el juicio de la causa. El fiscal Diego Luciani alegará probablemente en agosto. Consultado por LA NACION acerca de si iba a acusar y a pedir condena para la vicepresidenta, Luciani dijo que no adelantará nada hasta que le toque hacer su alocución en el juicio. Por la dinámica que tiene el juicio, que ya lleva tres años, los interrogatorios de la fiscalía, los enfrentamientos con las defensas y el celo puesto en defender la evidencia que pretende dejar expuesta en el juicio, es de suponer que el alegato de Luciani terminará con un pedido de condena, aunque nadie lo confirma en los tribunales, ni extraoficialmente.

No está claro si una acusación puede alcanzar a todos los acusados, dado que la situación de cada uno es diferente. De mantenerse esta calificación en el alegato, y nada hace pensar lo contrario, el Código Penal castiga al jefe de una asociación ilícita con penas que llegan a los 10 años de prisión y al fraude en perjuicio de la administración pública con hasta 6 años. Como los delitos son en concurso real se suman los máximos de la escala penal y por eso la pena posible a pedir da entre los cinco años de mínima y los 16 años de máxima. Esto se aplica a los jefes u organizadores de la asociación ilícita, que son Julio de Vido, José López y Carlos Kirchner. En el caso del resto de los acusados la mínima de la escala penal a aplicar es de tres años.

Los que quedan fuera de la asociación ilícita, que son el resto de los 13 imputados, se exponen a un pedido de pena de dos a seis años de cárcel, que es la escala penal para el delito de administración fraudulenta. Ellos son: Abel Claudio Fatala, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez. No está claro si la acusación podría alcanzar a todos.

Los alegatos comenzarán el próximo 11 de julio y serán transmitidos en vivo por TV, según decidió el tribunal a cargo del proceso. Dado que la fiscalía tiene hasta un mes para alegar y cada una de las 13 defensas hasta una semana, es probable que el veredicto se conozca a fin de año.

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