La Legislatura tratará esta semana, un proyecto del Poder Ejecutivo que establece aportes extras por los bancos, los terratenientes y descuentos en los sueldos de funcionario, políticos y jueces.
El proyecto dispone que las entidades financieras y bancarias cumplan con una contribución especial, al igual que los propietarios de superficies rurales superiores a 1.000 hectáreas.
“Tenemos un hueco fiscal enorme, tremendo, de 4 mil millones de pesos en solo 6 meses”, precisó el gobernador Gustavo Bordet.
El mayor aporte alcanzará no sólo a los trabajadores con más altos ingresos, sino a “funcionarios políticos, legisladores y jueces” aclaró ante la crítica de los sindicatos estatales.
A raíz de la presentación de este proyecto, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos y la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) emitió un comunicado con fecha 28 de junio de 2020, rechazando enérgicamente el proyecto.
El Comunicado
El comunicado firmado por la presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos, María Gabriela López Arango y el Secretario general de AJER, Mario Brnusak dice:
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos y la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), rechazan enérgicamente el proyecto de ley de emergencia enviado a la legislatura, desconociendo el espíritu de diálogo que desde hace años se viene forjando entre los distintos sectores del Estado provincial y los representantes de magistrados, funcionarios y empleados judiciales, en la búsqueda de alternativas para afrontar los momentos difíciles por los que nos ha tocado transitar.
El proyecto denominado “solidario” impacta directamente sobre nuestra realidad laboral y sobre nuestro futuro previsional, ajustando una vez más los bolsillos de los aportantes y jubilados, y vulnerando de manera flagrante los derechos constitucionales de movilidad jubilatoria, intangibilidad e independencia judicial, a la vez que compromete seriamente la institucionalidad y gobernabilidad de la provincia al exponer al Estado a un nivel de conflictividad indeseado.
Somos entidades que siempre hemos bregado por el diálogo y el debate serio y profundo, y hemos acompañado el esfuerzo del gobierno provincial en el marco de esta grave situación de pandemia, y sus consecuencias económicas, pero no podemos tolerar que se malverse la solidaridad, denominando así a un marco normativo que vulnera nuestras conquistas salariales y previsionales.
Nunca ninguna administración ha dado a conocer los estados contables de la Caja de Jubilaciones que la llevaron a su situación actual, ni tampoco ha identificado a los responsables de la misma. Así, su déficit resulta una constante de años que el ajuste con aportes extraordinarios no resolverá.
Tampoco la emergencia alcanza el uso discrecional de los fondos para contratos y nombramientos en los demás poderes del Estado, el que se ha ido incrementando exponencialmente año tras año y presupuesto tras presupuesto: la solidaridad no pareciera empezar por casa.
La democracia y la ética de la política implican diálogo y consensos.
El Gobierno, en esta oportunidad, no ha mostrado esa vocación.
Paraná, 28 de junio de 2020
