Para 2020, el rojo previsional proyectado es de 20.800 millones de pesos, el equivalente al 27% del gasto previsional total, según la periodista especializada en temas económicos Laura González.
El déficit incluye los aportes extraordinarios que tanto los empleadores (Provincia, municipios, Banco de Córdoba y la empresa provincial de energía EPEC) como los empleados realizan al sistema. Si no existiesen, el rojo sería de 35.500 millones.
Con esta reforma, el ahorro anualizado será de 7.840 millones de pesos. Para lo que queda del año, el cálculo es de 6.500 millones. Si bien se achica en casi un tercio el rojo, la porción que se recorta es, mayoritariamente, la que le corresponde aportar al Tesoro provincial. De los 14.300 millones que quedarán de déficit, la Provincia pondría el 25% y el resto, la Nación.
Además, la Caja avanza en la armonización de las condiciones locales respecto de las que rigen en Anses. Casi no quedan diferencias entre uno y otro sistema.
Esto le quitará argumentos a la Nación, que en muchas ocasiones –en tiempos de tensión política– apuntó a los altos haberes cordobeses que termina pagando Anses. Hoy, el haber promedio que paga la Caja a sus 107.257 beneficiarios es de 57.637 pesos. En el sistema nacional, es la mitad.
En la administración de Alberto Fernández, además, querían que Schiaretti pagara su propia cuota de costo político al ajustar su sistema previsional, tal como hizo Fernández tras asumir, al suspender la movilidad jubilatoria de Anses.
Diferimiento del aumento
La reforma afecta tanto a los jubilados actuales como a los futuros e implica varios cambios simultáneos. Con los primeros, el fisco buscó alivio inmediato para sus cuentas; con el segundo, algo de sostenibilidad para el sistema. “Se hizo todo lo máximo posible dentro del límite jurídico que tiene Córdoba”, evaluaron desde el Gobierno provincial.
El cambio de mayor relevancia fiscal es el diferimiento del aumento. A diferencia del que planteó José Manuel de la Sota en 2015, que arbitrariamente dispuso postergar las subas seis meses, ahora se reformó el artículo 51 de la ley 8.024 y eso se ampara en un procedimiento formal al sostener que “el reajuste de los beneficios tendrá efecto con los haberes correspondientes al mes subsiguiente a partir del ingreso efectivo al sistema previsional de los aportes y contribuciones del mes en que operó la variación salarial”.
Esto tendrá impacto directo en mayo, cuando los estatales tienen acordada una suba del 10%. La Caja recibirá en junio los aportes correspondientes a mayo y, por ende, liquidará el aumento en julio. Esto significa una postergación de 60 días. Con la inflación actual y con una pauta salarial similar a la acordada hasta ahora, el ahorro es de 3.700 millones de pesos, el 57% del total. Afectará ya a los 107 mil beneficiarios.
El segundo cambio tiene que ver con la fórmula de cálculo del haber inicial. Esto afecta sólo a los trabajadores que tienen una alícuota personal que supera el 11%.
Los agentes del escalafón general, docentes y de seguridad no están en ese grupo: pagaron hasta hace algunos años el 18%, pero en sucesivas paritarias se fue reduciendo (en el afán de dar aumento al activo sin que impacte en la Caja) hasta igualar lo que aporta el privado en Anses. Por ende, los jubilados de esos sectores (que no cobraron las subas) quedarán con el 82% del salario de bolsillo.
Pero los jubilados de Epec; Bancor; Lotería; personal de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo; Municipalidad de Córdoba, y municipios del interior tienen aportes del 16% o del 18%. Los jubilados de esos sectores cobran el famoso 82% del 89%, ya que Schiaretti dispuso como base de cálculo un híbrido al sacarle al bruto el 11% de aporte que rige en Nación. Con esto, se le restará efectivamente al aporte, por lo que el trabajador percibirá el 82% del 82% o del 84%, según el caso, lo que significaría percibir el 67% o el 69% del neto. Hoy cobra el 73%.
Hay 31 mil beneficiarios que se verán afectados, el 33% del total, pero a los que les implique un haber inferior a cuatro mínimas provinciales (hoy 68 mil pesos), la Caja les liquidará un suplemento hasta llegar a ese monto. Hay 15 mil que están en esa situación; el grueso corresponde a municipios del interior. De todos modos, no habrá rebaja directa: la reducción, que va del 4% al 6%, será absorbida por futuros aumentos.
La mayor novedad en relación con Anses y con otros sistemas está en el límite al doble beneficio.
La Caja tiene 25 mil beneficiarios que, además de tener su jubilación, disponen de otro ingreso, previsional, asalariado o como independiente. A los que cumplen esta condición y, además, superan los seis haberes mínimos (102 mil pesos) se les descontará el 20% en concepto de aporte solidario. El cambio será permanente.
De esos 25 mil, hay 3.773 que perciben dos haberes de la Caja. El caso paradigmático es el de una jubilada del Tribunal Superior que percibe 555.384 pesos como jubilada y 270.187 pesos como pensionada: 825.570 pesos. El 20% se descontará sobre la sumatoria.
Hay además 10.241 que son pensionadas con una moratoria de Anses y unos 9.500 que tienen jubilación de Caja y moratoria de Anses. En estos casos, el 20% se aplica sólo al beneficio que paga la Caja. Regirá desde mayo e implica un ahorro de $ 1.500 millones.
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