El kirchnerismo demostró ser una máquina que tiene todo calculado. El efecto pandemia está sirviendo al gobierno nacional a ir por todo, como la vieja prédica.
Algunos dirigentes kirchneristas aprovecharon que el Estado pagó sueldos de directivos y empleados de grandes empresas para avanzar un paso más e intentar quedarse con esas organizaciones, de las cuales hay dos que le interesan mucho: Clarín y La Nación, los dos principales medios de comunicación del país.
Podría haber quedado en una idea trasnochada de la diputada Fernanda Vallejos la posibilidad que el Estado se quede con las empresas a las que asistió económicamente en el contexto de la pandemia. Pero luego se sumaron otros miembros del gabinete presidencial para apoyar esa moción: los ministros Nicolás Trotta, de Educación, y Claudio Moroni, de Trabajo. Si bien ninguna ley puede ser retroactiva, el kirchnerismo ya demostró su poco apego a las normas en repetidas ocasiones. La tentación kirchnerista de quedarse con lo ajeno es peligroso.
Hay otro hecho que describe más fielmente el pensamiento kirchnerista: la construcción del relato. Esta semana aparecieron empapeladas varias ciudades del país con la propaganda estatal por la asistencia a grandes empresas.
Ayudar a empresas en este contexto de pandemia, donde la economía se derrumba a pedazos y sólo se mantiene gracias a la emisión monetaria, la duda es ¿qué pasará mañana cuando pase el efecto coronavirus? Ya hay miles de negocios que no podrán reabrir sus puertas mientras que hay otros tantos buscando reinventarse. En el medio, cientos de miles de trabajadores que quedarán en la calle.
En la Argentina, el partido gobernante avanza a pasos agigantados con la agenda marcada en el Foro de San Pablo, donde participan los líderes regionales como los brasileros Lula, Dilma Rousseff, el uruguayo Pepe Mujica, Cristina Kirchner, entre otros.
Esa agenda establecía objetivos para los años que se vienen, según describió el diario Español El Mundo, en una columna publicada el 12 de febrero pasado.
Para los años 2019 y 2020, el Foro ordenó los siguientes objetivos: someter los poderes legislativo y judicial al Ejecutivo; modificar los mandatos constitucionales para manejar el dinero de los presupuestos del Estado; incrementar el manejo de los medios de comunicación; controlar la educación y dedicarla al adoctrinamiento político. Todos esos lineamientos ya se cumplieron mientras la sociedad se distrae con el uso de tapabocas.
Los objetivos para 2021 y 2022: control de las redes sociales; magnificar la «corrupción» neoliberal; perseguir a los grandes empresarios para que huyan del país; control total de internet; multiplicar los gastos de la Administración, entre otros.
La etapa tercera del Foro de Sao Paulo especifica en su agenda para 2022 y 2023 lo siguiente: expropiaciones masivas de terrenos y empresas; reforma de las Constituciones y de las leyes electorales para garantizarse la reelección; colocar en manos del Estado todos los bienes de producción. Estos ejemplos también estamos viendo en la Argentina.
La Argentina, independientemente del partido político gobernante, ya fracasó en su intentona de administrar empresas. Las compañías se terminan convirtiendo en lugares para cobijar militantes, la famosa contención política para quienes trabajaron en la campaña, como vemos hoy a PAMI, ANSES, los medios públicos, que a pesar de la pandemia no paran las designaciones por favores políticos.