Un escrito elaborado por la diputada Karina Banfi y con el acompañamiento de varios diputados más, solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, y de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, responda “de manera precisa y detallada a los siguientes interrogantes”, si tomaron conocimiento de la notificación de la policía santiagueña recibida por Mariela del Pilar Cegna, de Añatuya, por haber convocado a vecinos a manifestarse por una cuarentena inteligente. “En caso de que se encuentre en la vía pública, no justificando su presencia, se procederá a hacerle las actuaciones penales y contravencionales que diere lugar, con conocimiento de la fiscalía de turno o juez de faltas”, amenazó la Policía del caudillo Gerardo Zamora.
Los diputados también quieren saber si ese accionar policial encuadra en las tareas de “vigilancia y cyberpatrullaje en las redes sociales para detectar el humor social” mencionado por la Ministra Sabina Frederic ante la Comisión de Seguridad Interior de esta Cámara en la reunión llevada a cabo el día 7 de abril de 2020.
En el escrito, los diputados también quieren saber si la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tomó intervención ante las “evidentes y notorias implicancias en términos de tensión con el derecho a la libre expresión que implica esta iniciativa”.
Pero los diputados fueron un paso más adelante y también quieren saber si el derecho a la libertad de expresión y el derecho de protesta quedaron suspendidos con el decreto del aislamientos social preventivo obligatorio.
Natalia Neme, referente de la UCR y Juntos por el Cambio en Santiago del Estero remarcó la importancia de lo presentado por los Diputados y de que el PEN detalle bajo qué normas se encuentra enmarcada la restricción a la libertad de expresión y protesta, su temporalidad específica y los fundamentos constitucionales así como cuáles son las alternativas que el gobierno propone para que la ciudadanía exprese sus opiniones, disidencias y desacuerdos.
“Es muy preocupante lo ocurrido con Mariela y también la manera intimidatoria con la que fueron identificados los médicos de la Provincia en el marco de una manifestación pacífica, según los numerosos videos que así lo acreditan en las redes sociales”, agregó.
Asimismo, Neme resaltó que “hubo muchos reclamos de usuarios de redes sociales cuyas cuentas fueron bloqueadas por haber publicado opiniones disidentes a la oficial.”
Además de Banfi, firmaron el pedido de informes los siguientes diputados nacionales: Fabio Quetglas, Sebastián Salvador, Marcela Campagnoli, José Luis Patiño, Mónica Frade, Fernando Iglesias, Gabriela Lena, Alejandro Cacace, Jorge Rizzotti, Adriana Cáceres, Eduardo Cáceres, María Soledad Carrizo, Waldo Wolff y Silvia Lospennato.