Cisneros denunció que la presidenta de la Corte falló sin perspectiva de género

Es por una demanda por calumnias e injurias en contra de la Secretaria General de la Filial tucumana de la Asociación Bancaria, Cecilia Sánchez Blas, que defendió a una empleada de la Caja Popular de Ahorros acosada por un superior.

TUCUMAN.- El diputado nacional y referente de la Asociación Bancaria, Carlos Cisneros (Frente de Todos-Tucumán), acusó a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar y a dos juezas del fuero penal, Cecilia Tasquer y Elena Grellet, por considerar que actuaron “con falta de perspectiva de género”.

“La jueza Cecilia Tasquer impide el sobreseimiento de la secretaria general de la Bancaria-Seccional Tucumán, Cecilia Sánchez Blas, en una causa por defender a trabajadoras bancarias víctimas de violencia de género por parte de sus superiores”, cuestionó Cisneros.

El diputado nacional recordó que la joven abusada prestaba servicios en la sucursal de Concepción de la Caja Popular de Ahorros. “Sufrió abuso deshonesto, acoso verbal y físico a través de propuestas por parte de un empleado de mayor jerarquía. Como consecuencia de las denuncias policiales y administrativas que realizó la víctima, se dispuso el traslado del agresor”, indicó.

Cisneros sostuvo que “el gobierno de (José) Alperovich dispuso el retorno del agresor a la sucursal Concepción, exponiendo a la víctima y al resto de las trabajadoras bancarias a un estado de terror y pánico. En 2017, a través de una medida cautelar de restricción de acercamiento se consiguió que el agresor fuese trasladado nuevamente”, relató Cisneros.

En 2018 el agresor inició una demanda judicial por calumnias e injurias en contra de la joven abusada y Cecilia Sánchez Blas.

“Al hacer lugar a la apertura del juicio, la jueza de Garantías Grellet no tuvo ninguna perspectiva de género en el momento de fundamentar su sentencia, y no consideró que el delito de calumnias e injurias no se configura cuando las expresiones injuriosas o calumniosas se refieren a asuntos de interés público”, criticó Cisneros.

En esa línea, Cisneros afirmó que “Los dichos de la víctima se referían a episodios de violencia física, laboral y de género, a la falta de investigación de sus denuncias por parte de distintos órganos del Estado, y a la presunta impunidad, todas ellas asuntos de interés público”.

“La jueza integrante del tribunal de impugnación Tasquer confirmó el auto de apertura a juicio oral mediante sentencia el 29 de octubre de 2019 en contra de Sánchez Blas, sin tener en consideración que su función fue la de defender a trabajadoras bancarias víctimas de violencia de género”, recalcó Cisneros.

En este caso, afirmó el diputado nacional, “no se respetó el derecho humano fundamental de la libertad sindical, materializado a través de la protesta para defender los intereses colectivos de las trabajadoras bancarias”.

“Sánchez Blas, referente defensora de los derechos de las trabajadoras bancarias, se ve expuesta y violentada a través de un proceso judicial llevado a cabo por juezas sin perspectiva de género, y de libertad de expresión y sindical”, añadió.

Además, expresó que Sbdar, como titular de la CSJT, “intervino en numerosos procesos, confirmando sentencias contrarias a toda normativa internacional en materia de violencia contra la mujer y violencia sexual, evidenciando con ello su propia carencia de perspectiva de género”.

“La República Argentina es un Estado parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, al haber ratificado la Convención de Belem do Pará a través de la Ley N°24.632. El derecho a la protesta está contemplado en la Constitución Nacional como forma de libertad de expresión en sus artículos 14 y 32, y en varios tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconocen la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”, enumeró.

En ese marco, dijo, “comprobada la violencia de género ejercida por el agresor denunciado y con antecedentes previos en nuestra Justicia de que la mujer se encuentra inhabilitada para ejercer su libre derecho de denuncia sin represiones por esto, resulta necesario una revisión completa de los expedientes donde su tratamiento y/o sentencia corresponda a un magistrado capacitado en perspectiva de género”.

“La Justicia funciona con compartimientos estancos. Solo así se explica la incongruencia de que el agresor fue sancionado en la Justicia por violencia de género, pero se le da lugar a una querella por injurias en contra de su víctima”, expresó el diputado nacional.

“No separa una distancia inalcanzable a Concepción de los despachos de las autoridades judiciales mencionadas. No auditar las causas de violencia de género de los últimos cinco años radicadas en ese centro judicial, es una muestra de su desidia”, reprochó Cisneros.

Y recordó que “Paola Tacacho realizó 15 denuncias, sin que se tomaran las medidas pertinentes para garantizar su derecho a la vida”, antes de ser asesinada en octubre de 2020 por su acosador, Mauricio Parada Parejas.

“Desde la Bancaria expresamos nuestra sororidad con la trabajadora víctima de abuso y con Cecilia; solicitamos a la Justicia la revisión del caso, y renovamos nuestro compromiso de visibilizar esta situación ante la sociedad, entendiendo que únicamente cuando formen parte de lo público, tendrá el interés necesario para que emerjan nuevas políticas y tratamientos en todos los casos de violencia de género. La aplicación de la perspectiva de género en la Justicia no es una opción, es una obligación”, insistió.

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