“El uso de la fuerza en el contexto de COVID-19. La violencia como respuesta del Estado”, es el informe que Amnistía Internacional dió a conocer para poner en evidencia una situación que trastoca la calidad institucional del país.
En el mismo registra más de 30 casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza ocurridos durante las medidas de aislamiento en Argentina.
El caso más resonante aunque, por la presión de agentes más mediáticos que institucionales, es la desaparición de Facundo Astudillo Castro de 22 años de edad, desde el 30 de abril de 2020 en la Provincia de Buenos Aires, tras ser detenido por la policía a la entrada de la localidad de Mayor Buratovich por violar la cuarentena.
Cuatro miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires están bajo sospecha después de una serie de contradicciones en sus declaraciones. Se dice que uno de ellos afirmó que Castro se fue en un auto después de ser detenido por los agentes, aunque más tarde cambió su historia para decir que el joven de 22 años se fue a pie.
Tres testigos, sin embargo, afirman que el joven fue subido a un vehículo policial. El 2 de julio la familia de Facundo denunció los hechos ante la justicia federal bajo la caratula de “desaparición forzada” y solicitó que la policía bonaerense sea apartada de la investigación. Hasta el momento aún se desconoce el paradero de Facundo.
Los casos descriptos en el informe se vinculan directamente o indirectamente con las medidas de control del aislamiento social, preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia.
A su vez, todos reproducen prácticas abusivas extendidas en las fuerzas de seguridad. También se da como constante que la mayoría de los casos se produjeron en contextos de vulnerabilidad y/o pobreza.
Amnistía Internacional señala que “la repetición de estos hechos de violencia es de suma gravedad institucional y genera preocupación sobre el carácter violento y desmedido de la respuesta que brinda el Estado al control y resolución de conflictos. Justamente, el Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza sólo será utilizado como último recurso y con estricto apego a los estándares internacionales y el respeto de los derechos humanos”.
Entre los casos de mayor impacto institucional que menciona el informe se encuentran:
- Mauro Coronel, de 22 años, detenido en la Comisaría Décima de Santiago del Estero por una denuncia de violencia de género. Inmediatamente después de la detención del joven, su madre se dirigió a la comisaría, donde escuchó los gritos de Mauro mientras lo golpeaban. Esa misma madrugada fue ingresado por la policía en el Hospital regional, sin avisar a sus familiares. Cuatro días después de la detención Mauro falleció. El informe médico habría constatado lesiones en las vías respiratorias.
- Luis Espinoza asesinado y desaparecido durante 7 días por parte de funcionarios de la policia de la comisaria de Monteagudo, Provincia de Tucumán50. Luis y su hermano Juan se encontraban cabalgando cerca de donde se estaba realizando una carrera ilegal de caballos, en violación de las medidas de ASPO. Al menos cuatro de los efectivos policiales forcejearon con Juan, al involucrarse Luis en la disputa, cayó de su caballo y corrió, siendo impactado -por la espalda- por un proyectil disparado por un policía. La bala ingresó por su omóplato izquierdo, perforándole el pulmón. De acuerdo a la causa judicial, el cuerpo fue trasladado a la comisaría de Monteagudo, donde permaneció cuatro horas, siendo atado a la base de un mástil, desnudado, y preparado para su posterior desaparición. Se envolvió su cuerpo en una frazada, bolsas de residuos y cintas de embalar, además de una soga que fue utilizada para manipularlo. Falleció en algún momento entre el disparo y el traslado a la dependencia policía. Salió de la comisaría en el baúl del auto del subcomisario de la dependencia, y se lo trasladó 120 kilómetros a un barranco en la frontera con la provincia de Catamarca, donde fue arrojado.
- Facundo Scalzo, de 20 años, recibió 4 disparos, dos por la espalda y dos en el brazo55 por miembros de la Gendarmería, en el barrio 1-11-14 en el Bajo Flores de la Ciudad de Buenos Aires. Testigos relatan que tras discusión entre vecinos, un grupo de gendarmes persiguieron a Facundo y a otro joven que se encontraba con él. Los testigos agregan que no se permitió que Facundo recibiera los primeros auxilios cuando estaba agonizando, que esperaron más de una hora al SAME y que cuando llegó la ambulancia no dejaron que la madre lo acompañe al Hospital Piñero, donde finalmente falleció.
- Walter Ceferino Nadal resultó muerto tras ser detenido por la Policía de Tucumán. De la información e imágenes difundidas y de los relatos de testigos surge que el 24 de junio Walter Nadal fue detenido en la capital provincial y un agente de la fuerza de seguridad lo habría asfixiado al presionar la rodilla contra su nuca.
- Lucas Nahuel Verón, de 18 años, fue con un amigo a comprar gaseosas al kiosco y al regresar a su casa en Villa Scaso, González Catán, partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, una patrulla policial los habría perseguido y disparado contra ellos, sin motivo alguno. Una bala atravesó el pecho de Lucas y falleció.
La violencia institucional es aquella que es ejercida desde el Estado y sus diferentes áreas contra sectores de la población que se distinguen por sus humildes condiciones de vida, y por lo tanto por su indefensión.
Su calidad se refleja en los indicadores de mayor calidad de vida según índices de desarrollo humano, nivel de ingresos medido como PIB per cápita, inversiones, innovación e incluso calidad ambiental. Aquellos países que tienen peor calidad institucional son también aquellos que brindan las peores oportunidades a sus ciudadanos y tienen el peor desempeño en términos de pobreza, educación o salud entre otros.
La calidad institucional debe ser un eje de política pública que atraviese todas las áreas de un gobierno, con mayor fuerza en contextos como los actuales. Es evidente que Argentina atraviesa también una crisis en términos de calidad de sus instituciones, en este caso relacionadas con las fuerzas de seguridad de los ámbitos provinciales que tienen sus particularidades.
El informe completo de Amnistía Internacional puede verse haciendo click aquí Informe-Violencia_Policial
